Cárcel para quien retenga cuotas del ISSEMyM plantean diputados

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En la sesión también se pidió sacar las iniciativas sobre despenalización del aborto.

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El Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura, a través de los diputados Edgar Armando Olvera Higuera y Karla Leticia Fiesco García, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México para imponer una pena de 2 a 12 años de prisión y de 70 a 150 días de multa, así como la destitución e inhabilitación que corresponda al servidor público que retenga cuotas o aportaciones pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Estas sanciones también se aplicarían cuando se obtenga beneficio indebido con perjuicio al Instituto y a los servidores públicos, destaca el documento presentado en sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena).

En sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), el legislador Edgar Olvera estableció que de este modo Acción Nacional busca garantizar el acceso a la salud y a un retiro apropiado, derechos fundamentales para una vida digna, así como fortalecer las finanzas del Issemym, porque es a través de instituciones fuertes como el gobierno puede cumplir sus funciones.

A nombre de los diputados del PAN, el legislador Edgar Olvera pidió que se penalice con cárcel a quienes retengan cuotas del ISSEMyM/Foto: Especial

La propuesta fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.

PLANTEA EL PRD AGRAVAR SANCIONES POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar presentó una propuesta de reforma al Libro Segundo del Código Administrativo, así como al Código Penal, ambos del Estado de México, para erradicar la violencia obstétrica en la entidad y establecer penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa, además de la destitución del cargo e inhabilitación de dos a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos a quien cometa este delito.

La legisladora dijo que la violencia obstétrica es una forma de inequidad de género y de violación al derecho a la protección de la salud como garantía social, muchas veces ignorada en el Estado de México, la cual se puede expresar en un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud públicos o privados relacionado con los procedimientos que conlleva un embarazo; abarca desde el periodo de gestación hasta el posparto.

Estableció que su  iniciativa detalla que cometen el delito de violencia obstétrica los servidores públicos y privados que laboren en el ramo de la salud que indebidamente dilaten la atención médica ante las emergencias obstétricas ocasionando un daño o pérdida de la vida a la mujer o al producto, así como quienes la obliguen a parir en posición supina y con las piernas levantadas cuando están presentes los medios necesarios para el parto vertical, o quienes obstaculicen el apego precoz del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente al nacer.

De acuerdo con la iniciativa, también comete este delito quien, sin obtener el consentimiento escrito de la mujer, altere el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración o practique una cesárea cuando haya condiciones para el parto natural, se realice el tacto por más de una persona, la episiotomía, raspaje de útero sin anestesia o la maniobra de Kristeller de rutina.

Pide la diputada Araceli Casasola que se analicen y dictaminen iniciativas pendientes sobre despenalización del aborto/Foto: Especial

La iniciativa se remitió a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su dictamen.

LLAMAN A DICTAMINAR PROPUESTAS PARA DESPENALIZAR EL ABORTO

La diputada Araceli Casasola Salazar llamó a la 60 Legislatura a analizar y dictaminar las iniciativas que proponen la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de embarazo y la Ley de Amnistía a favor de las mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto en el territorio mexiquense, ambas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD en marzo y abril de este año y hasta la fecha sin dictamen.

Al preguntar al Pleno, en sesión del Cuarto Periodo Ordinario, por qué la demora en atenderlas y por qué “no estamos ofreciendo opciones a las mujeres mexiquenses” en estos temas, reconoció que son asuntos controversiales, pero “lespido que no caigamos en dilemas dogmáticos que frenan la discusión legislativa y manifestemos nuestros puntos para poder dar una conclusión”.

Planteó que, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el portal de Interrupción Legal de Embarazo de la CDMX, el Estado de México se encuentra en segundo lugar en número de pacientes: 57 mil 564 mujeres mexiquenses, de abril de 2007 al 26 de septiembre del presente año, han acudido a la capital para solicitar dicho servicio. Estas cifras corresponden a las estadísticas oficiales, sin considerar aquellas interrupciones que se han hecho de manera clandestina o en lugares apócrifos, acotó.

Recordó que “hace poco, en el congreso del estado de Oaxaca, el 25 de septiembre, se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, un hecho trascendental para México que nos da la pauta para seguir luchando por las reformas necesarias para darle paso a este tema, un ejemplo de que el diálogo puede llevarnos a un punto de resolución”.

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