Tarifa sube, transporte sigue igual

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Los años pasan y no hay desde ninguna instancia una propuesta y medidas para buscar medios alternativos, para hacer nueva ingeniería del transporte, para innovar, para introducir mejoras.

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Hace más de 2 años, el 1 de junio de 2017, a sólo unas horas de que se celebrara la elección para gobernador en el Estado de México (en la que resultó electo Alfredo del Mazo) en redes sociales como Facebook circuló una información en la que se aseguraba que el gobierno de la entidad, a través de su Secretaría de Movilidad, había autorizado un alza de dos pesos la tarifa del transporte público. La información buscaba verosimilitud al ser acompañada de documento presuntamente firmado por el secretario de movilidad en donde se anunciaba el acuerdo. 

Evidentemente la circulación de esa fake news tenía la intención de incidir de alguna manera en la decisión del electorado al momento de acudir a las urnas a elegir autoridades locales. Recuerdo muy bien el hecho porque en aquel momento yo comentaba con algunos amigos de Facebook que en lugar de calificarla como noticia falsa podía tomarse como “nota prematura”, con lo cual trataba yo de decir que ese aumento de dos pesos en la tarifa iba a ocurrir más temprano que tarde. Y así fue: en septiembre de ese mismo año, cuando sólo faltaban unos días para que el actual gobernador del estado asumiera el cargo se autorizó el incremento, con lo cual el costo del pasaje pasó de 8 a 10 pesos.

Desde junio de aquel año, cuando corría la fake news y yo sostenía que era sólo un adelanto de información, esgrimía como argumento que no hacía falta sino ver todas las unidades del transporte público en la capital mexiquense y en varios municipios del valle de México tapizadas con propaganda electoral a favor de Del Mazo. Parecía cuestión de tiempo para que ese “favor” fuera saldado con un aumento en la tarifa. Y, además, el alza ni siquiera era acompañada con alguna mejora en el servicio, simplemente era cobrar más por lo mismo.

Han pasado otros dos años y hace ya un par de semana que se autorizó un nuevo aumento a la tarifa, para pasar de 10 a 12. En todo este tiempo, el servicio se ha mantenido en las mismas condiciones y con la tendencia (clara en los últimos lustros) al deterioro. Es decir, en todo este tiempo no se ha implementado ningún tipo de medida sustancial para prestar de una mejor manera el servicio de transporte público. Sabemos de las enormes necesidades de movilidad que tiene la población mexiquense, que en sus dos grandes zonas metropolitanas vive gente que tiene imperiosamente que utilizar el transporte público para acudir a su trabajo, a la escuela, a divertirse, a hacer sus compras, etc. Ello se debe a la forma tan acelerada y anárquica en que muchos de sus municipios han crecido, distanciando cada vez en mayor medida los puntos en los que la gente requiere estar para llevar a cabo las acciones de su vida cotidiana.

Para decirlo en otras palabras: los años pasan y no hay desde ninguna instancia una propuesta y medidas para buscar medios alternativos, para hacer nueva ingeniería del transporte, para innovar, para introducir mejoras, para gestionar de manera más eficiente, segura y confortable el transporte de las personas en territorio estatal. Desde que tengo uso de razón las unidades de transporte público, las rutas, los usos, los comportamientos de los conductores, la dinámica de los pasajeros, al menos en la ciudad de Toluca, son similares. Si acaso lo único que ha cambiado (aunque a mí en lo personal no me haya tocado vivirlo) es el incremento en la probabilidad de ser robado a bordo de las unidades.

Ha habido tímidos intentos (sobre todo en los municipios del Valle de México) para introducir unidades articuladas, para acompañar a los camiones tradicionales con medios como el Mexibús, el Mexicable o se han puesto en marcha cambios en los paraderos (convirtiéndolos en “Centros de Transferencia Modal”), pero han sido realmente muy pocas las acciones emprendidas para cambiar las condiciones en que se debe mover la gente. En suma parece que el único elemento que se toma en cuenta para decidir cuánto debe pagar la gente para poderse trasladar son los “estudios de costos” que presentan los concesionarios. Y yo más bien añadiría que pesa mucho sobre esas decisiones el factor político: la filiación partidista de los concesionarios y la contribución que electoralmente hacen. Y hace falta añadir que esto deriva en problemas muy severos de congestionamiento vial y contaminación en nuestras ciudades (porque la máxima aspiración de la gente que se mueve en camión de pasajeros es comprarse un vehículo, para dejar de sufrir su movilidad), pues cada vez hay en las calles más automóviles más camiones y son las mismas vialidades. Pero, bueno, no debe olvidarse que vienen nuevos procesos electorales y  el PRI espera contar con las miles de unidades del transporte para hacer propaganda. Al tiempo.