En esta contienda electoral 2024, están en juego más de 20 mil cargos de elección popular, y ya se han descubierto casos de personas acusadas de ser violentadores, deudores y suplantadores o suplantadoras de identidad de género y de acciones afirmativas, es decir, que quieren hacerse pasar como parte de la comunidad de la diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes para ser candidatos.
Será el 7 de mayo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revise, apruebe o tire candidaturas por incumplimiento a la normatividad; sin embargo, hay lagunas en estas normas que permiten que, por ejemplo, agresores de mujeres y deudores alimentarios logren registrarse, lamenta Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales
En este periodo del calendario electoral, son los partidos políticos quienes tienen en sus manos la posibilidad de frenar tramposas candidaturas y evitar que el INE se las derribe, aunque en algunos casos los OPLE´s (Organismos Públicos Locales Electorales) ya han actuado.
Agresores y deudores
Adriana Leonel de Cervantes, abogada experta en violencia política de género, en entrevista con AD Noticias, señaló que conocen algunos casos de intentos de registro de candidaturas que no pudieron hacerlo al ser considerados violentadores de género, por lo que fueron frenados desde el interior de sus partidos.
Por ahora se desconocen cuántos casos hay, pues se está en periodo de registro y cambios de candidatos y candidatas; luego vendrá la etapa de revisión y valoración, hasta el 7 de mayo, en la que se invalidarán por el INE aquellas que incumplan las reglas, y luego vendrá el periodo de impugnación que tocará al Tribunal Electoral resolver.
La entrevistada mencionó que conoce dos casos de movimiento ciudadano, donde un hombre no se pudo candidatear por ser deudor alimentario y también está denunciado por violencia familiar, por su expareja, quien también contiende a una diputación por el mismo partido.
Existe otro caso notable dentro de este partido, donde un individuo con sentencia por violencia política de género en la sala regional Xalapa de Quintana Roo. La sentencia implica que no podrá ser candidato durante 6 años. Sin embargo, a pesar de no haber transcurrido el período de sanción, este individuo consultó «si ya podía» participar en las elecciones.
La panacea de la 3 de 3
El 24 de mayo de 2023, en el Senado de la República se elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3 para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competieran por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
A un año, Adriana de Cevallos califica a la ley de “panacea” porque pide una sentencia firme por delito.
Anteriormente, esta ley se aplicaba en algunas regiones con variaciones basadas en la legislación electoral, como en Quintana Roo y Yucatán. Se considera que Yucatán es una de las entidades más avanzadas en este aspecto.
En la práctica, se exige que haya una sentencia tanto en la materia electoral o penal por violencia política en razón de género para no otorgar la candidatura.
Hasta ahora, el resto de casos se han quedado el interior de los partidos que deben analizar la situación de acusaciones en contra de sus militantes que buscan contender por un cargo público a través del voto. Y ya teniendo alguna sentencia. Es más complicado que se arriesguen a que el INE se las vaya a cancelar, indica la abogada.
Sin embargo, la Observatoria Ciudadana, Todas MX —un grupo feminista liderado por Yndira Sandoval, y conformado por 154 organizaciones defensoras de derechos humanos— ha monitoreado 70 denuncias de agresión a mujeres por candidatos con demandas por violencia familiar, abuso sexual o que están en la lista de deudores alimentarios; además, realiza fichas de los agresores que no deben de llegar al poder.
La presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales advirtió que desde un tema jurídico, sin sentencia firme, se debe considerar la presunción de inocencia de esos individuos y que el registro de deudores no es una sanción, sino parte de la reparación de daño.
¿Candidatos suplantadores de acciones afirmativas?
Datos de la consejera del INE, Dania Ravel, dieron a conocer que el 25 de abril —fecha para el registro de candidaturas— hubo mil 103 personas que se autoidentifican como parte de una acción afirmativa.
Son 321 indígenas, 109 con discapacidad, 51 afromexicanas, 58 migrantes, 81 de la diversidad sexual y 383 adultos mayores. Sin embargo, habría algunas y algunos suplantadores.
Vladimir Santos, del PT, de ser candidato hombre a la presidencia municipal de León, Guanajuato, cambió su registro a mujer. Y es que él será lo que diga su partido: “hombre, mujer, perro, gato, se los respeto”. Para demostrar su autoadscripción, presentó una carta bajo protesta de decir verdad, en la que se asume como mujer, y esa es la única prueba que se les puede solicitar, la ley no pide nada más, y la ley electoral, por ende, no puede hacer nada.
Ernesto Millán Soberones busca reelegirse como diputado local de Morena, ocupando un espacio para las personas con alguna discapacidad, y como él usa anteojos, se presentó como débil visual. Y otro más, Lorenzo Chávez se dice ser indígena chichimeca, bajo el argumento de que “todos tenemos algo de indígena”.
Pero también hay mujeres en estos dudosos casos, como Bárbara Botello, que buscaba una pluri como indígena, pero la autoridad electoral no se lo permitió al no acreditarlo, y ahora ella se dice discriminada. O el de Valentina Rodríguez, del PT, que por cuarta vez se postuló en la lista de representación proporcional de Morelos, pero esta vez con la autoadscripción de afrodescendiente.
En estos casos, las características físicas los delatarían, “es cosa de sentido común”, y las comunidades a las que dicen representar los desconocen. Al parecer, son meros fraudes en que quieren robar los espacios a la paridad y a las acciones afirmativas, lamentó Cevallos.