Según el muestreo realizado por Presunción de Inocencia, 14 mil 500 personas internas en penales son falsos culpables, además, hay mil 86 personas que ya cumplieron su condena, pero no han salido por estar acusados de un delito grave, explicó José Humbertus Pérez, defensor de derechos humanos y expreso de conciencia, durante su participación en el Conversatorio AD.
Con la experiencia de estar dentro del penal, Pérez Espinoza mencionó que el mantener a personas en reclusión beneficia a un negocio que funciona desde hace muchos años, donde entrar a ver al acusado, permanecer en una celda, entrar al baño, obtener agua, cuesta dinero.
El 4 de noviembre de 2015, José Humbertus Pérez Espinoza fue detenido saliendo del restaurante Biarritz, él sabía que tenía una orden de aprehensión fabricada debido a su labor como defensor de la vivienda que podía hablar de redes de corrupción e irregularidades y fraudes hipotecarios; luego de su detención fue llevado al Desierto de los Leones y torturado, posteriormente recluido en el penal de Chiconautla, estaba acusado de robo.
Mantener a personas en reclusión beneficia a un negocio que funciona desde hace muchos años
La intención de su detención, explicó Humbertus Pérez, fue evitar que siguiera la participación en la defensa de las viviendas porque implicaba la denuncia de las empresas Homex, Geo y Urbi en actos de corrupción, así como el megafraude hipotecario inmobiliario, que consiste en el endeudamiento de Sociedad Hipotecaria Federal para otorgar créditos de vivienda que, luego, se cobran con intereses a los compradores. El gobierno de Eruviel Ávila otorgó los permisos para la construcción de estas viviendas con violaciones al proceso de autorizaciones de uso de suelo; dijo que, desde la administración gubernamental de Arturo Montiel se recibían fianzas por parte de las constructoras; agregó que la estructura corrupta del PRI, a través de Marcela Velasco, permitió estas irregularidades.
Dentro de prisión sufrió varios atentados y también ahí surgió Presunción de inocencia, una organización que busca defender a los injustamente presos; también desde dentro, Humbertus comenzó a revisar las carpetas de los internos y descubrió que los ministerios públicos no están certificados, lo que implicaría que 248 millones de pesos para instaurar la carrera ministerial, pericial y judicial fueron desviados.
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Algunos de los recovecos del sistema penal fueron transitados por Humbertus y utilizados para la búsqueda de su libertad, también dentro constató la corrupción que hay, así como la existencia de negocios ilícitos y autogobiernos.
Pérez Espinoza mencionó que –relacionado con el sistema penal– existen otras irregularidades como la desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública destinados para la construcción de nuevos penales, alrededor de mil 300 millones de pesos, desviación de recursos destinados al funcionamiento del sistema penal acusatorio, y desviación de los recursos para formar operadores de justicia.
Asimismo, señaló que la mayoría de los delitos de alto impacto están sostenidos con una sola imputación, que se generan mecanismos de detención irregulares porque las estructuras protegen a la delincuencia por estar involucradas y que hay delitos fabricados, esto se relaciona con la propuesta de Ley de Amnistía hecha por Humbertus Pérez, ya que se busca que se integren delitos graves en el entendido de la existencia de fabricación de culpables.
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La iniciativa de Ley de Amnistía de Humbertus Pérez tiene tres preceptos:
1. No hay operadores de justicia porque no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio por causas de la corrupción, por no haber aplicado el fondo federal de Aportaciones a la Seguridad Pública
2. No hay mecanismos de control homologado –las detenciones debieran ser por orden de aprehensión, no por flagrancia–, las detenciones son arbitrarias y las personas son llevadas a juicio oral sin pruebas, luego se les sentencia sin una carga de la prueba
Para saber más: Guía elemental para entender qué es la Ley de Amnistía
3. Existe fabricación de culpables.La discusión de las iniciativas se encuentra en la mesa y para llegar a una ley justa, dijo Humbertus, se requiere voluntad política del gobernador y del poder legislativos, además de que se acepten los excesos, los errores y que el sistema de justicia penal acusatorio sea funcional.