“Cerrar con justicia el tema Tlanixco abre una nueva expectativa de acceso y procuración de la justicia en nuestra entidad que, desafortunadamente, hoy por hoy, aún ha dejado qué desear pero hay una oportunidad invaluable que debe ser aprovechada por las autoridades mexiquenses”, mencionó José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y defensor legal de los presos de Tlanixco, a pregunta expresa sobre su opinión respecto al “Informe especial sobre la situación de criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad de Tlanixco, en Tenango del Valle”, emitido recientemente por la Comisión del Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Los presos de Tlanixco fueron encarcelados en 2006 por defender su derecho al agua, con el pretexto de una acusación de homicidio, tres fueron liberados a en febrero y los restantes el 6 en abril de 2019, con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, apoyada por el pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presidida por Alejandro Encinas.
En el informe emitido hace un par de días por la CODHEM se analiza el contexto que enfrentaron la y los defensores indígenas de Tlanixco presos, se señala que “se puede determinar que el uso indebido del derecho penal fue empleado para criminalizar a defensora y defensores, siendo común que la utilización abusiva de delitos partiera de una supuesta intención deliberada de los defensores para imponer su voluntad a través de la comisión de conductas delictivas”.
Asimismo, se menciona que en el caso “pudo acreditarse que a lo largo de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, en ningún momento la Representación tomó en cuenta la condición de personas indígenas de los acusados”.
El informe indica que la entidad no puede permanecer indiferente a casos como el de Tlanixco y propone a los operadores de justicia penal en la entidad, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México garantizar su debida actuación, en conformidad con los estándares internacionales y reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Asimismo, se solicita que las personas agraviadas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.
Por su parte, Lara Duque, abogado defensor de los expresos mencionó que es importante, a pesar de que pasaron muchos años en prisión, que las instituciones en el Estado de México reconozcan que hubo ejercicios indebidos del sistema penal y que haya un llamado, de corte administrativo y ejecutivo, en el sentido que lo hace la comisión– a las autoridades estatales de reconocimiento la calidad de víctimas y la violación a los derechos humanos.
Consideró que desde su postura se hace eco al llamado hecho en el informe porque sienta un precedente en el Estado de México y es necesario cerrar un ciclo del caso en apego a derecho.
No obstante, Lara Duque también mencionó que, poniendo todo en su justa dimensión, durante 16 años las instituciones del Estado de México (no las personas, puntualizó): las de administración de justicia, el ejecutivo, el legislativo, los organismos públicos autónomos –como la comisión de derechos humanos– dejaron el tema en el olvido y la desatención, pero este caso debe ser una reconfiguración de cómo deben ser las cosas y de lo que no puede seguir pasando en la entidad: excesos policiacos, persecución de opositores políticos, fabricación de delitos, agresiones a periodistas, entre otros.
Para comprender mejor:
Tlanixco, crónica de una declaración de inocencia a destiempo
Crónica de una justicia tardía,liberan a tres de los 6 presos de Tlanixco