La amenaza es directa otra vez: debido a los hechos ocurridos el año pasado, muchos pensaron que quizá los actores de la administración educativa estatal y nacional habían perdido la cordura en algún momento; pero no, lo cierto es que vuelven a la carga, el ataque a los maestros es aterrador de nueva cuenta. No importa si son priístas o no, si reparten despensas o no, si son de la “estructura política” o no: el peligro es contra todos.
En el comunicado de prensa No. 100, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer las modificaciones al modelo de evaluación aplicado en 2015, y precisa que, entre los lineamientos presentados por el nada aceptado Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación, se ordena para 2017 (violando todo tipo de derechos adquiridos y garantizados de los docentes del país y del Estado de México):
“…para la siguiente etapa de evaluación… se les dará prioridad a los docentes y directivos que llevan más de 28 años (28+) en el servicio (Actualmente Servicio Profesional Docente)”
Con la palabra “prioridad” se decide el destino de los maestros a punto de jubilarse; técnicamente, los supuestos sorteos o métodos aleatorios para integrar un listado de profesores a evaluar en 2017 quedan desmentidos, va direccionado nuevamente a un rango específico de profesores. A partir de esta declaración es deducible interpretar que, en la aplicación de 2015, se afectó a los docentes por determinación institucional; en las listas aparecieron mayoritariamente los nombres de quienes repudiaban la evaluación para la permanencia o desempeño.
En otro arranque de incongruencia –y de donde se puede obtener una gran diversidad de calificativos en contra de la autoridad–, aseguran lo siguiente:
“De acuerdo con los resultados obtenidos por los maestros que acudieron puntualmente al llamado de la primera etapa de evaluación al desempeño y habiendo hecho un riguroso análisis la junta de gobierno del INEE, se hace la propuesta a los docentes 28+ para que, en caso de optar por una jubilación anticipada, se le permita retirarse sin realizar la evaluación de permanencia (obligatoria); de lo contrario, quienes opten por seguir en las filas del magisterio deberán en un plazo no mayor a dos ciclos escolares presentar dichas evaluaciones por estar próximos a jubilarse y así demostrar a la opinión pública que ellos (28+) son verdaderos agentes de cambio que encuentran en las filas del magisterio esa hermosa oportunidad de transformar vidas. Y que tienen la capacidad no solo de pasar esa evaluación sino de alcanzar un estímulo de 35% aun estando a poco tiempo jubilarse”.
Cabe aclarar que, una vez notificado, el docente 28+ no podrá realizar su proceso de jubilación mientras no haya aprobado con un mínimo de “suficiente” su evaluación de permanencia; de lo contario se aplicará el artículo 53, capítulo VIII: De la Permanencia en el Servicio…, sin señalar a qué ley corresponde pero refiriéndose, a todas luces, a la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El derecho de equidad es pisoteado sin consideración legal alguna. El menosprecio de la autoridad al crear el rango 28+ regala un tema para los especialistas en psicología de la frustración, en tanto los maestros nuevamente están obligados a levantarse en la defensa de sus derechos. Si no reaccionan con este nuevo ataque, ¿con qué lo harán? En estas condiciones, es incomprensible una actitud pasiva mientras los pasan a perjudicar.
Lo real del comunicado es que quieren sacar del servicio a todos los maestros con más de 28 años en el magisterio. Esto ocurre a poco más de un año de terminar este sexenio (que no debió empezar), con un gobierno empecinado en colocar al “primer primo del país” en la gubernatura estatal y, en el colmo de los males, con nueve mil profesores de una mal llamada “estructura política” que venden a sus compañeros por devaluados 650 pesos mensuales para supuesto apoyo al PRI.