Tlatlaya: las balas de uranio

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ComparteToluca, México; 31 de julio de 2018. Tlatlaya es la tierra del negro y del rojo, donde muere el sol. Eso significa el vocablo que determina a ese municipio, aunque eso es lo de menos para un lugar que, debido a lo que hay en su subsuelo, ha podido establecer sus propias reglas, un gobierno […]

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Toluca, México; 31 de julio de 2018. Tlatlaya es la tierra del negro y del rojo, donde muere el sol. Eso significa el vocablo que determina a ese municipio, aunque eso es lo de menos para un lugar que, debido a lo que hay en su subsuelo, ha podido establecer sus propias reglas, un gobierno paralelo que a lo largo de los años ha logrado todo, pero a la inversa. Porque Tlatlaya debía ser uno de los municipios más ricos del país y, sin embargo, tiene el mayor número de pobres. Apenas hay poco más de 31 mil habitantes, según datos del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, pero 24 mil 537 de ellos apenas tienen para sobrevivir.

Tlatlaya debía ser rico desde la lógica plana o superficial que las mineras desparraman sobre las zonas donde hay algo que extraer. A Tlatlaya el oro y a su vecina Arcelia, ya en Guerrero, el uranio, no les hicieron ningún favor. Y como pasa en lugares así, tienen para contar su propia masacre, ocurrida el 31 de julio de 2014, en la que 22 personas murieron a manos del Ejército.

De esta masacre se ha hablado mucho ya y se sabe que ningún militar está preso, después de pasar por sendos juicios en tribunales militares y civiles, una anomalía legaloide que sin embargo salvó de prisión a los soldados, que por otra parte alegaron que sólo seguían órdenes. A partir del 2014, de Tlatlaya se sabe un poco más, incluso que la cabecera municipal fue construida sobre yacimientos de oro, sobre polvo de oro, mejor dicho, pero que alcanza para que el pueblo y parte del municipio haya sido dividido en seis grandes concesiones, entregadas ya a extractoras que esperan una oportunidad para comenzar el proceso de excavación denominado “open pit”, a cielo abierto.

Porque si bien se ha aceptado que gran parte de aquellos asesinados pertenecían al narco, otra versión corroborada por pobladores señala que en realidad se trataba de opositores a las minas, que habían comprado armas para defender sus posesiones y que habían realizado un trato con los soldados. Éstos avisaron al líder de la Familia Michoacana, Jonhy Hurtado Olascoaga, “El Fish”, uno de los narcotraficantes más buscados de México, quien aprovechó para cobrar favores y de paso deshacerse de algunos enemigos. Esta versión apunta que no todos los asesinados eran narcos, aunque los había.

Hurtado Olascoaga ha logrado sobrevivir a las escisiones de su cártel, La Familia, desde los tiempos en que los Rojos dominaron el estado de Morelos y buscaron penetrar por Zumpahuacán al Estado de México. Hurtado consiguió una alianza con el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, para controlar minas de la región donde se extrae, sobre todo, uranio, como consta en la averiguación previa de la Procuraduría General de la República A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 y que se relaciona con la investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa.

La detención de un narco, Sidronio Casarrubias, acusado de participar en los acontecimientos de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, al final aportó muy poco pero por lo menos reveló que en Tlatlaya y en Arcelia el poder de “El Fish” era ya tan grande que el uranio se había convertido en uno de sus principales emprendimientos. “El Fish” había sobrevivido al salvajismo de la Tierra Caliente comprando a militares del 102 Batallón de Infantería, cuya sede se ubica en San Miguel Ixtapan, Tejupilco. A ese mismo Batallón pertenecían  los soldados que el 31 de julio de 2014 asesinarían a 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, una demarcación de Tlatlaya, uno de los bastiones, junto con la vecina Arcelia, de la Familia Michoacana.

Sidronio, uno de los principales capos de los Guerreros Unidos, huyó de Iguala después de la tragedia de Ayotzinapa, pero nunca perdió de vista a sus rivales, los mexiquenses de la Familia. Por eso, cuando lo capturaron, reveló una buena parte de lo que sabía de ellos. Y no es que Sidronio o alguno de sus hermanos pusieran distancia. En lugar de eso, eligieron Metepec, en el Estado de México, para intentar sentar su nueva base de operaciones. No era la primera vez que los Guerreros Unidos usaban como base a ese municipio, porque otra declaración de capos de ese cártel señalaba a la Torre Zero de Metepec como centro de reunión para el pago de prebendas y favores a mexiquenses que les tendían la mano, dice un reporte de la Marina entregado a la PGR en octubre de 2014, que además detalla que los Casarrubias vivían en el número 8 del fraccionamiento La Joya.

Y, ya capturado, Sidronio contó lo que sabía: que “El Fish” o “El Pescado” había comprado una gasolinera, donde “como seña existe mucha maquinaria pesada, desde góndolas, manos de chango, tráileres, carros de volteos, maquinaria que es utilizada en las minas, maquinaria que también es propiedad de Santana Ríos Baena, alias el Melonero, de las cuales el Pescado es socio de una, además, el Pescado es socio junto con Carlos Ahumada, el argentino que estuvo preso, y que es dueño de dos minas en el estado de Guerrero, de donde sacan uranio, una de las minas está en Campo Morado, Tierra Caliente, Guerrero, el cargamento es transportado en góndolas, pero como Ahumada trafica el uranio, lo esconde entre metales diversos y lo llevan a Lázaro Cárdenas, pero la mayoría va a el puerto [de] Colima, donde se entrega directamente a los barcos chinos […] esta mina también es explotada por una empresa canadiense, [y] agrego que cuando el Pescado está en peligro de ser detenido por alguna autoridad del gobierno, Carlos Ahumada auxilia con un helicóptero de su propiedad, el mismo helicóptero es también usado por El Fresas […], Ahumada, aparte de sacar el Uranio, le paga veinte mil pesos por góndola al Pescado…”, relataba a la SEIDO en octubre de 2014.

El propio Ahumada Kurtz terminaría dándole la razón al capo, porque en su libro autobiográfico, “Derecho de Réplica”, contó su aventura mineral. Otro capo, José María Chávez Magaña, antiguo líder de la Familia Michoacana, apuntó las razones para poseer la mina del pueblo de Campo Morado, en Arcelia y vecina de Tlatlaya. Desde ahí se transporta ese uranio, mezclado con el oro. Un antiguo director del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, confirmó que el uranio salía embarcado hacia China, después de simular que era oro y que pasaba por un proceso de separación. Sólo el “lodo” o el residuo del oro volvían a Ahumada, que lo comercializaba posteriormente. Además, Ahumada controla otra mina, la Suriana. De ese trasiego se encarga “El Fish”, quien ha dominado a los sindicatos mineros en el Triángulo de la Brecha y mantiene una cruenta guerra por el norte de Guerrero, hasta hace poco contra los Tequileros, liderados por Raybel Jacobo de Almonte, que controlan Totolapan. A las autoridades de aquel estado declararon muerto desde hace 30 días.

Tlatlaya y Arcelia representan también el inicio del Cinturón del Oro de Guerrero, que termina en Acapulco y que tiene en Ayotzinapa uno de sus ejes centrales. Ahí, en Tlatlaya, hace 4 años fueron ejecutadas 22 personas por soldados del 102 Batallón de Infantería. A la fecha, ninguno de ellos está preso, después de pasar por juicios en tribunales militares y civiles que los exoneraron. Así como a los mandos que les ordenaron abrir fuego.

Según el gobierno del Estado de México, “la actividad minera en el municipio Tlatlaya es prácticamente nula, ya que en la actualidad no se trabaja ningún yacimiento de oro y plata de la zona minera Los Ocotes, ni los de plata de La Sierrita y tampoco las minas de mercurio de la región. Pero con los precios atractivos del oro y la plata actuales, es conveniente llamar la atención sobre estas dos zonas”, apunta en el Inventario físico de los recursos minerales del municipio de Tlatlaya, del 2006, del Servicio Geológico Mexicano, adscrito al Fideicomiso del Fomento Minero.

Y es que las minas sobre las que es conveniente llamar la atención son varias porque contienen oro y plata, y ese mismo estudio las enlista, en las páginas 26 y 27: La Fiera, La Esperanza, Tres Marías, La Fama, San Enrique, Venado Norte, Venado Sur, La Preciosa, Las Parotas, La Mora, El Venado, El Potrero, La Bella Mañana, La Providencia, La Sierrita, El Zapote, El Gavilán, San Mateo, Argentina, Rosalía, El Fuego, Chiverío, La Azucena y Cruz del Sur.

Pero el mapa definitivo lo elaboró la organización Jóvenes en Emergencia, que mapeó por lo menos 23 concesiones de oro en el municipio. Otro mapa, desarrollado por el sitio Subversiones.org, detalla casi 67 mil hectáreas concesionadas a mineras en Tlatlaya, con datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM), de la Secretaría de Economía, en el sitio web https://subversiones.org/mapamineria.

 

La versión del Pro

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro entregó, cumplido el año, una investigación sobre Tlatlaya y declara que hubo contubernio entre el gobierno del Estado de México y los militares para ocultar información. La PGR acepta que sólo 8 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, pero los documentos y las investigaciones indican que son entre 12 y 15.

Que hubo un conjunto de ejecuciones extrajudiciales. Una masacre a partir de los testimonios de testigos como “Julia”, una de las mujeres que quisieron denunciar. “Julia” no solamente da testimonio. También da la cara y en una conferencia cuenta lo que le tocó vivir. Clara Gómez González, es su verdadero nombre, la testigo “Julia”, de unos 40 años, con el rostro preocupado.

“Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir” es el título del informe de aquel centro de derechos humanos. Por medio de un amparo, el Agustín pro tuvo acceso a documentos oficiales militares cobre Tlatlaya, la Orden General de Operación y la orden de Relevo y Mando.

– ¿Quiénes más fueron víctimas de un homicidio cuando ya se encontraban rendidos o estaban inermes? -pregunta Santiago Aguirre, del Centro Prodh. Entre estas víctimas destaca Érica, la hija de 15 años de edad de Clara Gómez, quien estaba allí contra su voluntad, en la bodega del poblado de San Pedro Limón en Tlatlaya. Ella no es una víctima reconocida por el Estado mexicano en los juicios penales que se han iniciado… Érica no forma parte de ese grupo de personas”, apunta Aguirre.

A la niña se le ubica muerta por el fuego cruzado, pero los cuerpos de ella y otros fueron movidos, manipulando las escenas en aquella bodega. En el cuerpo de Érica se aloja una bala que proviene del arma con la que también se ejecutó al denominado “Cadáver 17”, Jorge González Bolado.

El 11 de junio del 2014 se expidió una orden, incluida en los expedientes militares y civiles de la investigación, de Mando y Relevo, emitida por el Batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar del Ejército. Esa orden instruye al teniente a cargo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario –que participó en los hechos de Tlatlaya- la serie de actividades que realizará.

La orden número 7 indica actuar por las noches de forma masiva “y en el día de manera reducida a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Abatir significa la privación de la vida humana, dice el Agustín Pro, que recuerda que el primer radiograma del teniente de San Antonio del Rosario contestó sobe la bodega, menciona, como resultado “que fueron abatidos 21 civiles”.

Sobre la testigo sobreviviente, el Agustín Pro sostiene que “el Estado mexicano ha regateado los derechos de Clara como víctima, como principal testigo”. A ella no se le permitió el acceso a sus propios expedientes desde los fueros militares y civiles. El Juzgado Sexto Militar no le reconoce su calidad de víctima y debe promover un juicio de amparo, pendiente de resolverse, y una queja contra el Juzgado decimocuarto federal, en el DF, que le ha negado reclamar la extensión del reclamo del propio fuero militar y que también le dice que no es una víctima. Clara tiene medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no se han cumplido o cumplido parcialmente. Tampoco sus familiares reciben alguna protección.

Luego recuerdan las declaraciones del gobernador Eruviel Ávila, un día después de las ejecuciones.

Felicitamos al ejército. O “el Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”.

Y con esas palabras Tlatlaya comenzó su peregrinar por el camino de la impunidad.