Precariza pandemia de COVID-19 el trabajo doméstico remunerado

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En México, el 97% de las trabajadoras domésticas no tiene acceso a seguridad social, a pesar de ser un derecho que, apenas hace un año, les fue otorgado.

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Hace casi un año, el Senado de la república aprobó una ley para que trabajadores del hogar, cocineras, niñeras, jardineros, cuidadoras, también accedan a derechos laborales básicos como un horario limitado de trabajo, vacaciones con goce de sueldo y seguridad social.

Sin embargo, el 97% sigue sin acceso a prestaciones, problema que durante esta emergencia sanitaria por COVID-19 se agrava.

Se estima que en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 92% son mujeres que, a su vez, también realizan estas labores en sus hogares, pero sin recibir un pago por este quehacer al cual destinan casi seis horas diarias, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A pesar de que ya hay una legislación para regular el trabajo de quienes se dedican al trabajo doméstico, sus jornadas laborales todavía son de más de doce horas diarias y, aunque por ley deberían contar con acceso a instituciones de salud pública, después de un año sólo el 0.8% está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, en contraste con otros países de América Latina donde más de la mitad de las y los trabajadores de este sector tienen cubierta la seguridad social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los hogares donde laboran trabajadoras domésticas remuneradas apenas destinan mil 977 pesos para solventar este rubro.

La Conasami también recomendó a los empleadores que el sueldo para estas trabajadoras sea de 248.72 pesos diarios, como mínimo, pues de las dos millones 416 mil 068 trabajadoras y trabajadores del hogar, 31.2% son el único sostén económico de su familia.

En esta emergencia sanitaria, cuyos efectos inmediatos ya han sido resentidos por quienes trabajan en el sector informal (más del 50% de la población ocupada en Toluca), no sólo se afecta a las trabajadoras domésticas, también incrementa la vulnerabilidad económica y social de más de 31 millones de mexicanos que desempeñan sus labores sin ningún tipo de prestaciones ni garantías laborales.