El rumbo de la Educación Superior con la nueva ley

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En la Ley General de Educación, aprobada el año pasado, destacaba el compromiso del Estado mexicano de garantizar la educación, desde el nivel inicial hasta el superior

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Si todo marcha como está previsto, en las próximas semanas tendremos aprobada la Ley General de Educación Superior, que regirá los destinos de escuelas y universidades en todo país. Se trata de una norma emanada de la Secretaría de Educación, negociada con todas las fuerzas políticas en el Congreso y presentada como iniciativa en el Senado. Cabe recordar que el año pasado, cuando se abrogó la reforma educativa peñista de 2013, se estableció que el Congreso de la Unión tendría que expedir a más tardar el presente año la ley que reglamentara la Educación Superior, por ello es que su aprobación es inminente.

Como sabemos, entre las cosas que quedaron plasmadas en la Ley General de Educación, aprobada el año pasado, destacaba el compromiso del Estado mexicano de garantizar la educación, desde el nivel inicial hasta el superior. Igualmente se establecía que en todos los niveles la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación que imparte el Estado representan un compromiso muy importante en términos del presupuesto que se hace necesario para que las instituciones de educación superior desarrollen sus funciones sustantivas de docencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como extensión y difusión de la cultura.


La nueva Ley se ocupa de tres subsistemas: el universitario, el tecnológico politécnico y el de normales e instituciones formadoras de docentes


La nueva Ley se ocupa de tres subsistemas: el universitario, el tecnológico politécnico y el de normales e instituciones formadoras de docentes. Asimismo distribuye la responsabilidad de las aportaciones económicas para las Instituciones de Educación Superior entre la Federación, las entidades y los municipios, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Habrá que ver qué tanto se termina modificando al proyecto, pero en el texto actual señala estos lineamientos: 

  • Primero, que el presupuesto anual para la Educación Superior nunca podrá ser inferior al 1.0% del PIB y de un año a otro nunca podrá disminuir;
  • Segundo, que se creará un “fondo federal de obligatoriedad y gratuidad” que deberá permitir el incremento de la cobertura, mejorar la distribución territorial de la oferta educativa y garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, además de asignar recursos para compensar los cobros que se hacen a los estudiantes;
  • Tercero, que la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios promoverán la creación de fondos específicos o especiales que considerarán programaciones plurianuales para el fortalecimiento de las instituciones educativas de este nivel, mismas que todavía podrán solicitar a la Federación y los estados recursos adicionales para la satisfacción de necesidades extraordinarias;
  • Cuarto, que las instituciones pueden gestionar por sí mismas recursos propios y ellos serán independientes de los que se le asignen como financiamiento público, además de que cualquier tipo de ingresos y sus bienes estarán exentos de impuestos;
  • Quinto, serán las propias instituciones educativas las que ejerzan directamente todos sus ingresos tanto los gestionados por cuenta propia como los asignados como presupuesto público;
  • Sexto, los recursos federales transferidos a las instituciones públicas de educación superior estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, en tanto que, en el caso de los recursos públicos estatales y municipales, la fiscalización y rendición de cuentas serán las instancias locales las que los fiscalicen.

También hay artículos que buscan blindar la autonomía de las Universidades públicas, impidiendo que reformas a su normatividad propia pasen en los congresos locales sin ser consultadas con las propias instituciones universitarias. Para el caso de las escuelas privadas la ley considera un esquema de evaluación de calidad (adicional a la entrega de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que actualmente concede la SEP), que tienen como criterio base que este tipo de planteles deberán impartir planes y programas de estudios al menos durante 10 años, demostrando “que sus egresados han contribuido a la sociedad”, lo cual apunta justo en contra de la proliferación de las llamadas “universidades patito”, que suelen desaparecer tan rápido como emergen.  Igualmente la iniciativa de ley considera que las universidades privadas y estarán obligadas a tener, al menos, a 5% de su matrícula becados, lugares que deberán destinarse a “estudiantes sin recursos”.


En la presentación de la iniciativa de ley que se hizo la semana pasada, se destacaron los lineamientos de avance hacia la obligatoridad y gratuidad de la educación superior en México. Se subrayaron algunos de los elementos antes referidos (relacionados con el financiamiento) como vía para materializar paulatinamente esta ruta. Sin embargo, también habrá que estar muy atentos a las “condiciones” que queden finalmente establecidas en la Ley que termine aprobándose, porque podría colarse como “letra chiquita”, algún mecanismo de condicionamiento para acceder a la educación superior, con redacciones como aquella que afirma que “el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior”, pero luego se añade: “en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta”, lo cual terminaría concediendo lugares para todos los que quieran estudiar, pero no necesariamente en una universidad y a nivel licenciatura.

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Como se dijo antes, el Senado será la cámara de origen para esta iniciativa, luego tendrá que pasar a la Cámara de Diputados. Las modificaciones que terminen haciéndose darán luz respecto a qué tanto este nuevo marco legal generará las condiciones para, en definitiva, avanzar (o no) al fortalecimiento de las instituciones de educación superior en el país, para ampliar su cobertura, garantizar su calidad, tener abiertas sus puertas para todos y avanzar hacia la gratuidad. Estos fueron parte de los compromisos de arranque del gobierno federal (derivados de las promesas de campaña) y hay expectativa fuerte de que terminen encaminando la educación a rumbos más democráticos, sin sacrificar calidad en la educación.