El nuevo diagnóstico del Sistema Anticorrupción del Edomex (SAEMM) confirma lo que los ciudadanos ya perciben en carne propia: la corrupción no es un episodio aislado, sino una práctica estructural, persistente y normalizada. La percepción social, empresarial y gubernamental coincide en que el fenómeno está presente en la vida cotidiana, se reproduce en los trámites administrativos y carece de castigo efectivo.
El Diagnóstico Integral sobre Percepción de la Corrupción 2024 muestra que el problema no solo se mantiene, sino que se ha consolidado como una forma de interacción cotidiana entre la población y el Estado. La corrupción aparece como un sistema funcional: un engranaje que sostiene la burocracia y, al mismo tiempo, la corroe.
1. La percepción de un mal cotidiano
El documento revela que más del 80% de la ciudadanía reconoce que la corrupción le afecta directamente en su vida diaria, y más del 70% de los servidores públicos considera que ha aumentado en el último año.
La mayoría de los encuestados la define como un fenómeno “estructural y persistente”, parte del funcionamiento ordinario de las instituciones.
Por primera vez, los tres sectores coinciden en que la corrupción no se percibe como un hecho excepcional, sino como un comportamiento aprendido, reforzado por la impunidad.
2. Sobornos, abuso y desvío: los actos más frecuentes
Los hallazgos apuntan a que los sobornos son el acto más común en los tres sectores, seguidos por el abuso de autoridad y el desvío de recursos públicos.
En el caso del servicio público, el informe destaca el uso discrecional de recursos y los favores administrativos como las formas más visibles.
Entre ciudadanos y empresarios, los sobornos se asocian con la agilización de trámites o la obtención de permisos.
La corrupción, dice el texto, ha dejado de ser una anomalía para convertirse en un método de operación administrativa.
3. Impunidad: el hilo que une todas las percepciones
El 65% de la población considera que los actos de corrupción quedan impunes.
Solo cuatro de cada diez denuncias en el sector público obtienen respuesta, y en el ámbito empresarial apenas el 27% resultó en una investigación formal.
El diagnóstico describe un sistema institucional que no castiga ni repara, lo que genera una percepción de inutilidad de las denuncias y desincentiva la participación ciudadana.
4. Denunciar no sirve: el miedo y la desconfianza como barreras
Las causas más comunes para no denunciar son el miedo a represalias, la ineficiencia institucional y el desconocimiento de los canales formales.
Ocho de cada diez ciudadanos dicen no saber dónde denunciar, y seis de cada diez empresarios consideran que “no sirve de nada”.
El informe es contundente: la corrupción no se denuncia porque el sistema no protege a quien la enfrenta.
5. Mecanismos anticorrupción: una estructura invisible
Solo 20% de los ciudadanos sabe qué institución combate la corrupción; en el servicio público la cifra sube a 50%, pero en el empresariado cae al 19%. Por su parte, el 81% de los encuestados desconoce las leyes o campañas anticorrupción.
Esta falta de conocimiento crea una brecha entre la política pública y la experiencia social: la ciudadanía no reconoce al Estado como un actor confiable en el combate a la corrupción, sino como parte del problema.
6. Desconfianza en las autoridades
La encuesta revela que las figuras políticas, los partidos, las policías y los ministerios públicos son percibidos como los más corruptos.
Las instituciones con mayor confianza son la iglesia, las universidades y las organizaciones civiles.
La desconfianza no solo es institucional, sino emocional: para la mayoría de los encuestados, la corrupción define la relación con el poder.
7. Trámites y servicios: el rostro administrativo de la corrupción
El 38% de la ciudadanía y el 19.7% del sector empresarial admiten haber pagado un soborno para agilizar trámites o servicios.
En el servicio público, los propios funcionarios reconocen que las “deficiencias administrativas” incentivan estos pagos.
El hallazgo más revelador: la corrupción se ha convertido en un mecanismo de supervivencia ante la ineficiencia burocrática.
8. Ética pública e integridad: el espejismo moral
El estudio muestra que la mayoría de los servidores públicos y empresarios se consideran “honestos”, pero más del 60% de los ciudadanos cree lo contrario.
El diagnóstico lo resume con claridad: existe una brecha entre la integridad individual y la ética institucional.
Esa disonancia erosiona la confianza y consolida la idea de que el sistema no premia la honestidad, sino la simulación.
9. Participación social: la integridad como tarea pendiente
Solo el 31% del empresariado participa en acciones anticorrupción junto al gobierno, mientras que el 97% de los servidores públicos reconoce necesitar capacitación en integridad.
Aunque la ciudadanía manifiesta interés por involucrarse, la falta de resultados ha generado apatía. El estudio advierte que el Estado de México carece de una cultura cívica sólida de corresponsabilidad.
10. Expectativas y futuro
El 60% de la población considera que la corrupción aumentará en los próximos seis años. En contraste, 80% del servicio público pide fortalecer la educación cívica y las campañas de transparencia.
El diagnóstico cierra con una advertencia: el horizonte ciudadano es pesimista. Sin castigo ni credibilidad institucional, la corrupción seguirá reproduciéndose como norma cultural.
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El balance: la corrupción como sistema
El diagnóstico no solo describe percepciones; revela un modelo de gobierno atrapado en su propio descrédito. La corrupción en el Edomex es frecuente, persistente y con baja probabilidad de sanción.
La ciudadanía reclama castigo; el servicio público pide capacitación; el empresariado exige simplificación.
Pero todos coinciden en lo mismo: la confianza institucional está rota.
Sin resultados verificables, la política anticorrupción corre el riesgo de ser otro ritual burocrático más, mientras la corrupción continúa siendo —como apunta el informe— el lenguaje cotidiano de la vida pública mexiquense.
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