A una semana de la Operación Caudal, que desmanteló decenas de puntos de extracción ilegal de agua en el Estado de México, el silencio de las autoridades hídricas contrasta con el descontento de las comunidades que no han podido solicitar pipas de agua por el paro de labores que estos trabajadores mantienen.
Ni la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ni la Secretaría del Agua, dirigida por José Arnulfo Silva Adaya, han emitido un comunicado público sobre la situación que viven varios municipios tras los operativos.
AD Noticias buscó a la CAEM para conocer su postura. La dependencia respondió que se trata de “un tema de la Secretaría del Agua”, mientras que el Gobierno del Estado de México solo señaló que mantiene “mesas de diálogo” con autoridades locales. Sin embargo, los reportes ciudadanos por desabasto y falta de pipas se acumulan sin una versión técnica o institucional que explique si estos problemas son temporales, estructurales o resultado directo del operativo.
El secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, ha sostenido públicamente que no existe desabasto derivado de Caudal, sino un proceso de “reordenamiento y regularización” para que la distribución del líquido se realice conforme a la ley. Según dijo, la prioridad del gobierno estatal es “garantizar que el agua se distribuya legalmente”, y que los municipios —responsables por ley del suministro— deberán publicar los pozos oficiales para que las empresas se abastezcan de manera transparente.
Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha insistido en que el operativo “no es una cacería”, sino una medida para combatir el huachicoleo del agua y abrir la puerta a la regularización. “Tenemos que regular tanta situación de huachicoleo; los que estén bien no tienen por qué preocuparse”, declaró. Aseguró además que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar a los operadores de pozos y transportistas de agua.
Operación Caudal
La Operación Caudal, iniciada el 24 de octubre, involucró a la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado de México y la CONAGUA. En menos de 24 horas se intervinieron más de 160 sitios vinculados con la extracción ilegal, y se aseguraron 250 pipas y tráileres presuntamente usados para la venta clandestina del recurso. Las autoridades estiman que el negocio del huachicoleo del agua genera más de mil millones de pesos anuales.
Mientras tanto, la ausencia de una posición técnica o informe público por parte de las instancias encargadas de administrar el recurso hídrico —CAEM y Secretaría del Agua— deja un vacío informativo sobre los efectos del operativo.
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