Toluca, México; 8 de septiembre de 2018. A 18 días de la muerte del joven universitario Alejandro Ricardo Montes García, quien fuera asesinado tras resistirse a un asalto a bordo de una unidad del transporte público, las autoridades sólo han logrado capturar a uno de los tres presuntos responsables.
Edgar Alejandro “N” fue capturado tras la publicación de un retrato hablado, no obstante siguen libres otros dos sujetos, ya que de acuerdo con versiones de los pasajeros y del chofer de la unidad, eran tres las personas, que el pasado 21 de agosto irrumpieron en el camión de la línea Colón Nacional.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) respecto al caso de Alex, ha sido hermética en sus declaraciones, ya que se ha reservado el dato de los otros dos delincuentes pues no existen retratos hablados, ni nombres que los inculpen con el hecho. Sólo ha vinculado a proceso a Edgar Alejandro “N” quien se presume fue el detonador del arma.
Cabe recordar que el pasado 30 de agosto, la fiscalía mexiquense emitió un retrato hablado del presunto responsable, el cual se realizó con base en un video que no ha sido revelado por las autoridades competentes. El fiscal, Alejandro Gómez Sánchez aseguró que las cámaras de video vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad (C5) y (C2) lograron detectar a los asaltantes. Con ello, horas más tarde, se logró la detención del imputado por parte de la policía municipal de Toluca, por supuesta posesión de drogas, en Santa Ana Tlapaltitlán.
Ante esa situación, Roberto Jaimes Sandoval, abogado defensor de Edgar Alejandro “N” asegura que la FGJEM ha actuado arbitrariamente, pues 48 horas después de la detención de su cliente, no se le informó a la defensa su paradero.
Tras la detención del sospechoso, tres pasajeros identificaron al detenido como el supuesto responsable de la muerte de Alex, por ello, agentes de investigación de la fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Alejandro “N” el pasado 1 de septiembre. Actualmente la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez, extendió un plazo de un mes para el desahogo de pruebas, para definir la situación jurídica del imputado.
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