¿A quién le conviene que fracase Delfina?

El PRI apuesta a la memoria selectiva; el PAN a la narrativa de incapacidad administrativa; otros actores observan y capitalizan sin exponerse demasiado

Intereses, tensiones y dilemas del primer gobierno no priista

El debate sobre el gobierno de Delfina Gómez suele quedar atrapado en evaluaciones morales o balances prematuros. Si gobierna bien o mal, si avanza lo suficiente, si cumple expectativas. Esa discusión, aunque legítima, deja fuera una pregunta más incómoda y más relevante: a quién le conviene que el primer gobierno no priista del Estado de México fracase, y a quién le interesa que se consolide y continúe.

Ilustración del Palacio del Gobierno del Estado de México con un fondo de rayos de sol y nubes, representando un ambiente de continuidad y estabilidad gubernamental.

A primera vista, el gobierno transita por una normalidad razonable. No hay crisis abiertas, no hay ruptura institucional, no hay colapsos visibles. El Estado de México sigue funcionando. Pero esa normalidad es engañosa. No porque oculte un desastre, sino porque encubre un conflicto de fondo: si la entidad más grande y compleja del país puede ser gobernada fuera del régimen político que la controló durante casi un siglo. El problema no es la perfección del gobierno, sino su viabilidad histórica.

La tensión aparece cuando se observa cómo se construye la narrativa del fracaso. No surge únicamente de indicadores duros, sino de expectativas sobredimensionadas, comparaciones interesadas y amplificaciones selectivas. El margen de error del primer gobierno no priista es estrecho. Cada falla pesa más, cada retraso se magnifica, cada silencio se interpreta como vacío de poder. El fracaso deja de ser un resultado para convertirse en una categoría política en disputa.

Reunión formal en una sala con una larga mesa, donde un grupo de hombres está sentado, mirando hacia la cámara. El ambiente es oscuro y solemne, con una lámpara de araña y cortinas de fondo.

Esa disputa no es abstracta. El fracaso produciría beneficios concretos. Para las viejas élites del antiguo régimen, políticas, administrativas y sindicales, confirmar que el cambio no funciona es una forma de reivindicación. No se trata de nostalgia, sino de estrategia: reinstalar la idea de que sin ellos el Estado se vuelve ingobernable. No necesitan regresar de inmediato; les basta con desacreditar la alternancia.

Algo similar ocurre con las redes económicas heredadas. Contratos de largo plazo, esquemas de prestación de servicios y concesiones encuentran en un gobierno débil un entorno funcional. Un gobierno entrampado administra inercias, no las cuestiona. La lentitud, en ese sentido, también es una forma de estabilidad rentable.

La oposición partidista ya trabaja el 2027 como plebiscito retrospectivo. El PRI apuesta a la memoria selectiva; el PAN a la narrativa de incapacidad administrativa; otros actores observan y capitalizan sin exponerse demasiado. El fracaso temprano ordena el campo opositor y simplifica el debate público.

Vista superior de varias manos sobre una mesa con documentos, incluyendo hojas de papel y un teléfono móvil, en un entorno de trabajo oscuro.

A este entramado se suma un actor casi invisible pero decisivo: la burocracia. Formada durante décadas bajo otra lógica de poder, no necesita confrontar para influir. Basta con retrasar, interpretar restrictivamente, omitir. El desgaste puede ser silencioso, persistente y eficaz.

La consolidación del gobierno, en cambio, también tiene beneficiarios claros. Para el propio gobierno estatal, implica cohesión interna y margen de maniobra. Para el gobierno federal, el Estado de México es una pieza simbólica mayor: demostrar que la alternancia puede gobernar estructuras densas y complejas. Para los municipios alineados, la estabilidad estatal significa coordinación y recursos. Y para amplios sectores sociales, menos ideológicos de lo que suele creerse, la evaluación pasa por resultados tangibles en la vida cotidiana.

Más allá de personas y partidos, existen actores que condicionan el tablero sin hablar. El presupuesto estatal, cercano a los 410 mil millones de pesos, define la capacidad real de acción. El calendario electoral convierte cada decisión en señal rumbo a 2027. Los contratos heredados limitan márgenes. Los indicadores oficiales ordenan percepciones. La narrativa mediática amplifica o minimiza. Estos actores no opinan, pero gobiernan.

El dilema de fondo no es si este gobierno es bueno o malo. La pregunta real es otra: si el Estado de México puede ser gobernado sin el régimen que lo moldeó durante décadas. Un fracaso confirmaría que la alternancia fue simbólica pero no funcional. Una consolidación demostraría que el poder puede reorganizarse sin colapsar. Ninguna ruta es gratuita.

Piernas de una mujer vistiendo tacones altos, caminando sobre una superficie pavimentada, con un enfoque en su elegancia y el movimiento de sus pasos.

Los escenarios son claros. Una erosión lenta, que lleve al desgaste sin colapso. Una consolidación pragmática, menos épica y más técnica. O un bloqueo estructural, que convierta la incapacidad en profecía autocumplida. La diferencia entre uno y otro no se resolverá con discursos, sino con decisiones estratégicas: distinguir entre problemas de gobierno y problemas de administración, romper inercias sin romper estabilidad.

Mario García Huicochea

Mario García Huicochea

Periodista y columnista especializado en análisis político. Observador crítico de la realidad social y política del Edomex durante más de cuatro décadas.

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