Toluca, Méx.- Un tribunal federal ordenó poner en libertad a los tres militares presos y acusados del multiplehomicidio registrado el pasado 30 de junio de 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya.
La noche de este viernes, Adalid Abriz Landa, magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo.
Con el fallo los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes abandonarán en las próximas horas el Campo Militar Número 1.
"La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) emitida en esta fecha, desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad (de los militares) en los hechos referidos.
"Conforme al marco legal vigente, la PGR acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares", dijo la Procuraduría en un comunicado.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a los ahora absueltos de haber participado en un operativo registrado en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas en el interior de una bodega.
El expediente presentó indicios de su implicación en al menos ocho de las muertes y en la alteración de la escena del crimen.
Con la resolución del magistrado Abriz, muy probablemente ya no quede ninguno de los acusados en la cárcel.
Lo anterior, porque en un principio fueron consignados siete oficiales del Ejército, de los cuales sólo Quintero, Acevedo y Hernández estuvieron procesados por homicidio, el único delito grave que les impedía llevar el juicio en libertad.
Los otros cuatro inculpados fueron absueltos de ejercicio indebido del servicio público por un juez federal y sólo quedaron procesados en la justicia militar por los ilícitos de desobediencia e infracción de deberes.
Estos últimos no son graves y desde el año pasado les daba la posibilidad de estar en libertad provisional bajo caución.
El fallo del magistrado Abriz prácticamente está finiquitando el Caso Tlatlaya, pues ya no hay ningún militar acusado por las muertes de los civiles, señalados por autoridades como presuntos delincuentes. Sólo quedan vigentes los delitos de orden castrense que no son de gravedad.