Luego de que un grupo de manifestantes se congregara frente al Palacio Municipal de San Mateo Atenco por un presunto corte injustificado del servicio desde noviembre, la directora general del OPDAPAS, Karla María Arzate Martínez, afirmó el martes 24 de febrero que la inmobiliaria Palmas Consorcio, propietaria del residencial Accanto, ejerce presión y acoso contra servidores públicos para deslindarse de irregularidades relacionadas con la licitación de sus desarrollos habitacionales. Añadió que el residencial de lujo mantiene adeudos con el municipio por aproximadamente 20 millones de pesos y que desde 2022 se han detectado irregularidades en permisos de construcción.
Las irregularidades detrás de Accanto
La titular informó tras una visita de verificación —firmada por vecinos y realizada junto con el área operativa— se constató que sí hay suministro de agua, aunque con menor presión debido a la disminución del caudal del pozo que surte toda el área, y detalló que se tiene planeada otra perforación para que dicha zona tenga garantizado el servicio. Asimismo, informó que el grupo de vecinos con quien se entabló el diálogo desconoció a los manifestantes que permanecían afuera del Palacio Municipal.
Precisó que, de acuerdo con los permisos de construcción y el Código Administrativo del Estado de México, es obligación del fraccionatario prestar servicios básicos en el conjunto. Además, señaló que el residencial de lujo Accanto presenta adeudos con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que ascienden a 4 millones 92 mil pesos y con otras instancias del municipio, cuya suma total es un aproximado de 20 millones de pesos.
Agregó que en 2022 se encontró que el documento que permitiría la concesión del acuífero a la inmobiliaria está a nombre una tercera constructora y que los permisos de construcción, que datan de 2017, se otorgaron bajo una serie de condiciones como la entrega de un predio donde se construiría una primaria de seis aulas, una guardería, una zona depotiva con juegos infantiles, etc. que jamás fueron construidas. Este es el motivo por el que no se ha perforado el pozo correspondiente para garantizar el suministro adecuado, debido a los incumplientos que arrastran desde hace casi una década, cuando se aprobó la obra.
Las viejas redes de poder y los nuevos cárteles inmobiliarios
Palmas Consorcio Inmobiliario, de acuerdo con la titular del ODAPAS, està representada de manera legal por Jorge Alfaro Sánchez, ex secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, quien junto a Juan José Guerra Abud (su sucesor en el cargo y secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el sexenio de Peña Nieto como presidente), se ha beneficiado de contratos gubernamentales millonarios con diversas compañías dedicadas al giro de inmbuebles en el Valle de Toluca desde 2003.
Según información de AD Noticias, ambos forman parte de al menos cinco empresas dedicadas al giro inmobiliario. Sin embargo sus nombres no figuran en la gaceta de gobierno del Estado de México por haber solicitado alguna autorización relacionada con desarrollos inmobiliarios, ni aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia por ser acreedoras de algún contrato con gobiernos.
De acuerdo con el registro Público del Comercio, Jorge Alfaro es accionista en al menos 15 empresas y es presidente de nueve; trece de ellas están asentadas en Toluca. Entre 2003 y 2005 se unió a Palmas Consorcio Inmobiliario S.A. de C.V. Compañía que ha recibido en los últimos 20 años más de una decena de autorizaciones para desarrollos inmobiliarios de alto valor económico en el Valle de Toluca.
La burocracia infinita: un arma de doble filo ante la corrupción
La directora de OPDAPAS lamentó que como servidores públicos no se hallen blindados antes este tipo de acoso y comentó que incluso existen procesos legales en marcha esgrimidos de parte de la empresa. Informó que Palmas Consorcio tomó acciones legales en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura a nivel estatal e incluso levantó cargos penales contra ella (que resultaron improcendetes) ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de impedimento a la inversión.
“De lo que se trata es de mecanismos de presión para que nosostros podamos ceder ante las pretensiones de una empresa que no ha cumplido con las obligaciones del gobierno estatal (…) Nosotros tenemos la instrucción clara de conducirnos en estricto apego a derecho y de no tolerar ningún acto de corrpción” y puntualizó: “Hemos corrido ya vista a todas la contralorías estatales y serán ellos quiénes tengan que determinar si hay o no responsabilidad”.
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