A más de un mes del choque entre un tren de carga y un autobús de la empresa Herradura de Plata en Atlacomulco, la familia de Liliana sigue esperando justicia, atención y apoyo. En la comunidad de San Felipe del Progreso, de donde eran originarias varias de las personas lesionadas y fallecidas, la indignación crece ante la falta de respuestas.
El 8 de septiembre, un tren de la compañía Canadian Pacific Kansas City Southern de México embistió un autobús de Herradura de Plata. El impacto fue devastador: diez personas murieron y 62 resultaron heridas. Entre las víctimas estaba Liliana García Cristóbal, una joven de 26 años que cada fin de semana regresaba a casa tras trabajar como empleada doméstica en la Ciudad de México.
“No nos han dado atención ni apoyo”
AD Noticias habló con la madre de Liliana, quien denunció que ni la empresa Herradura de Plata ni las autoridades se han acercado para ofrecerles atención o apoyo económico.
“Hasta el momento la empresa sigue sin dar atención y no nos han ofrecido ningún apoyo. Las pertenencias de Liliana tampoco nos las han entregado”, lamentó.
La falta de seguimiento a las víctimas y sus familias se suma a la ausencia de comunicación oficial. AD Noticias buscó una postura de Herradura de Plata, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
En San Felipe del Progreso, los afectados por el accidente comienzan a organizarse para exigir justicia en conjunto
El proceso judicial contra el chofer
La Fiscalía del Estado de México detuvo el 14 de septiembre a Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús con número económico 6002, en coordinación con autoridades de Michoacán. Ahora enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones. Fue trasladado al penal de El Oro y permanecerá en prisión preventiva.
De acuerdo con el Código Penal mexiquense, podría recibir de tres a doce años de prisión. La ley prevé sanciones más severas por el número de víctimas. Juristas como Valdemar Mercado y Javier Francisco Mejía Torres señalan que, además de las multas y la cancelación de licencia, el hecho de haber huido del accidente le impide enfrentar el proceso en libertad.
Obligaciones que aún no se cumplen
La empresa Herradura de Plata también tiene responsabilidades legales: indemnizaciones de hasta 1.6 millones de pesos por cada persona fallecida —equivalente a 40 veces el valor de la UMA anual— y compensaciones a los lesionados, según el grado de discapacidad.
Sin embargo, hasta ahora las familias solo han recibido silencio. El vacío institucional se suma al personal: la silla vacía en la mesa, las pertenencias retenidas, las dudas que nadie responde.
En San Felipe del Progreso, la memoria de Liliana y de las demás víctimas se convierte en el motor de una exigencia que busca algo más que reparación económica: que tragedias como esta no queden en el olvido.
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