El choque entre un autobús y un tren en Atlacomulco, que dejó 10 personas muertas y 62 lesionadas, ha puesto en el centro del debate no solo la responsabilidad del conductor, sino también las condiciones de seguridad en las vías férreas.
El conductor, Gustavo Alfredo “N”, fue vinculado a proceso por homicidio culposo y lesiones. La Fiscalía mexiquense presentó pruebas suficientes para que un juez dictara prisión preventiva justificada y otorgara tres meses para cerrar la investigación. Según testimonios, el chofer habría reanudado la marcha sin percatarse de la locomotora que se aproximaba. Testigos aseguran que “llevaba la música muy alta”, lo que pudo impedirle escuchar el claxon.
Pero más allá de la imprudencia individual, la investigación abre otra arista: el crucero ferroviario de la carretera Atlacomulco–El Oro, en la colonia Las Mercedes, carecía de señalización visible y medidas preventivas. Esa omisión podría implicar la intervención de la Agencia de Trenes y Transporte Público, responsable de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.
Omisiones en la vía férrea
La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció que, aunque la investigación por homicidio y lesiones corresponde al fuero común, los dictámenes periciales deberán establecer si hubo también fallas en la vía de comunicación federal. Si se confirma, el caso podría ser turnado al Ministerio Público Federal, para indagar una eventual responsabilidad institucional por la falta de señalización y de dispositivos de seguridad en el crucero.
La tragedia, en ese sentido, no sería solo resultado de un error humano, sino también de un sistema ferroviario con vacíos en su regulación operativa. La posibilidad de que la Agencia sea investigada abre un debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en zonas donde los cruces con transporte público son frecuentes y altamente riesgosos.
Una tragedia con saldo mayor
El saldo de aquel 8 de septiembre fue devastador: 10 fallecidos —siete mujeres y tres hombres— y 62 lesionados, de los cuales 55 tuvieron que ser hospitalizados. A la fecha, 42 ya fueron dados de alta, mientras que 10 siguen delicados y 3 permanecen estables.
El chofer abandonó el lugar tras el impacto y fue detenido días después en Morelia, Michoacán, en un operativo conjunto entre la FGJEM y autoridades locales. Hoy se encuentra en el penal de El Oro, bajo la presunción de inocencia hasta que exista sentencia.
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Más allá del caso
La discusión pública gira ahora en torno a si las autoridades ferroviarias pudieron prevenir el siniestro. La falta de barreras automáticas, señales auditivas o visuales y protocolos claros de seguridad vuelve evidente que la tragedia pudo ser evitada.
En un país donde los accidentes ferroviarios suelen explicarse casi siempre por “errores humanos”, Atlacomulco exhibe la otra cara: la de omisiones estructurales y vacíos regulatorios que pueden convertir un cruce en una trampa mortal.
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