El 15 de octubre de 2025, la tarifa base del transporte público en el Estado de México subió de 12 a 14 pesos, con incrementos adicionales por kilómetro recorrido. Medio año después, en la región norponiente del Edomex, un patrón de accidentes se ha mantenido constante en las calles y carreteras de la zona: la pérdida de control y volcadura de unidades tipo van, conocidas como combis.
Tlalnepantla: el epicentro de los siniestros y el inicio del calvario legal
El municipio de Tlalnepantla de Baz concentra la mayor incidencia documentada de este tipo específico de accidentes. En los últimos seis meses, al menos tres casos de gravedad han movilizado a los cuerpos de emergencia en esta demarcación y sus límites territoriales.
El episodio más reciente ocurrió entre el 14 y el 15 de abril de 2026 en la colonia Doctor Jorge Jiménez Cantú, en la zona conocida como Caracoles. Una unidad de la ruta Ecatepec-Santa Clara derrapó y volcó en la intersección de Cerro Iztaccíhuatl y Cerro Mariana. El saldo fue de cuatro lesionados, entre ellos un joven de 20 años que sufrió la amputación parcial del pie izquierdo, además de pasajeros con heridas en la cabeza y las piernas. Los testimonios en el lugar señalaron el exceso de velocidad como el detonante.
Los heridos fueron trasladados a hospitales como Magdalena de las Salinas tras la intervención de Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal. Es en los pasillos de urgencias donde arranca la segunda fase de la tragedia.
«El lesionado enfrenta un sistema de dos cabezas que falla: un Ministerio Público desbordado e indolente, y una aseguradora cuyo negocio es no pagar», explica Rodrigo Santos, abogado especialista en Responsabilidad Patrimonial.
Una semana antes, el 7 de abril, la unidad con número económico 964 de la ruta San Pedro-Santa Clara volcó sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la escultura «El Vigilante», en la frontera con Ecatepec. Seis personas resultaron heridas, incluida una mujer embarazada. Los pasajeros, que quedaron atrapados en la cabina, fueron auxiliados primero por automovilistas y posteriormente por los servicios de rescate.
El accidente con el desenlace más grave en este municipio se registró el 19 de enero de 2026. Una combi que circulaba a exceso de velocidad sobre la Vía Gustavo Baz, en la zona de Barrientos, se impactó de lleno contra el muro de una gasolinera. El choque dejó un saldo inicial de entre 10 y 14 heridos. Días después, el siniestro cobró una vida de forma diferida: Vicente Martín Feliz Montoya, un profesor de 54 años, falleció a causa de las complicaciones derivadas del impacto.
Fuera de Tlalnepantla, la constante de volcaduras de combis encuentra un registro claro en Nicolás Romero. El 6 de diciembre de 2025, una unidad de la línea Autobuses Rápidos del Valle de México (económico 497-R) cayó a un barranco sobre la avenida principal que conecta con Atizapán de Zaragoza. Al menos 16 pasajeros resultaron lesionados, sin que se reportaran víctimas mortales en el lugar.
Te puede interesar: ¡Sí! El aumento al transporte público en el Valle de Toluca e una realidad.
El deslinde patronal y las tácticas de desgaste
A lo largo de los siniestros documentados, la constante mencionada por los sobrevivientes es el exceso de velocidad.
Cuando ocurren las volcaduras, la táctica inmediata de las empresas transportistas es culpar al operador que, por regla general, huye del lugar. Sin embargo, jurídicamente este argumento se cae solo. «El concesionario no es un simple ‘dueño de las placas’. Tiene la obligación ineludible de garantizar un servicio seguro», advierte Rodrigo Santos. «La ley y la jurisprudencia son claras: el conductor y el concesionario responden por los daños causados».
Mientras las empresas intentan deslindarse, las aseguradoras aplican maniobras para evitar la cobertura total. El abogado describe estas prácticas como tácticas de desgaste sistemático que inician casi al instante del choque: «A las pocas horas del accidente, un ‘representante’ se acerca a la víctima en el hospital para ofrecer un pase médico. A cambio, le piden que firme un documento… le ofrecen migajas para que renuncie a su derecho a una indemnización justa».
Respuesta institucional y la organización colectiva
Ante un accidente en el transporte público, el peso de exigir auditorías o la revocación de concesiones a rutas letales recae en la exigencia comunitaria. Los recursos legales existen, desde la denuncia colectiva hasta el amparo, pero requieren articulación. «El problema no es la falta de herramientas, sino la falta de una ciudadanía organizada que las ejerza de forma colectiva y sistemática», concluye Santos, recordando que la acción judicial comunitaria es, en la práctica, «una forma de obligar al gobierno a hacer su trabajo».
Síguenos