Cada vez más analistas apuntan a que el clima de corrupción, violencia e impunidad que se vive en México, se origina y se fortalece por la acción de integrantes de la clase política gobernante.
Se hace mención a la complicidad entre los partidos políticos, el gobierno y las empresas, que se reparten el ingreso de los mexicanos y que se perdonan entre sí sus felonías.
Uno de esos analistas hace mención en que hay quienes, en diversos países, consideran a México como una buena opción para hacer negocios sin tener que atender a normas.
Señala que hay empresas extranjeras, que hacen grandes negocios en México, que sugieren a sus gobiernos no hacer caso de las denuncias de violaciones a derechos humanos, y asumir un silencio cómplice, para que dichas empresas sigan obteniendo ganancias exorbitantes.
Otros señalan que la forma corrupta de proceder ha permeado a toda la sociedad mexicana y que sus mayores efectos se dan contra los más débiles.
Todo lo anterior viene a cuento porque una de las preguntas que se formula, ante la evidencia de que el estado de cosas no tiene visos de mejora, es la de qué hacer dentro del marco de la legalidad y la democracia.
Pregunta que debe tomar en cuenta el supuesto de que ninguno de los partidos políticos considera el interés de la mayoría de la población y que por el contrario, tratarán de engañar a los votantes.
Alguna respuesta dada por un escritor es que los sectores más lúcidos de la población deben desarrollar un conjunto de estrategias para cambiar el rumbo de las cosas.
En particular, los jóvenes deben realizar una gran movilización para rescatar, en palabras de ese escritor, su propio futuro y el del país.
Ser capaces de plantear agendas precisas acerca de los diferentes aspectos que deben ser aprobados y no cejar hasta que el gobierno las lleve a la práctica.
Otro propone abstenerse de votar y deslegitimar por completo la partidocracia existente, hasta que se reforme de fondo el proceso de elección de gobernantes que debe incluir la desaparición de prebendas.
Alguien más sugiere que debe establecerse una red interna y a nivel mundial de organizaciones que tengan acceso a organismos internacionales asociados con la equidad, los derechos humanos, la sustentabilidad y establecer un sistema de información permanente por el que se conozca lo que pasa en todo el país.
Sólo con acciones de este tipo, se dice, será posible intentar romper el pacto de impunidad entre niveles de gobierno y organizaciones que, legal o ilegalmente, han sometido desde diversas perspectivas a buena parte de la población.
Sometimiento que ha llevado a una pasividad que, para varios de esos analistas, resulta insólita frente a hechos que en otras partes del mundo ya hubiesen generado una crisis severa al gobierno respectivo.
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