El abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció incompetencia de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por falta de acceso a la información y la destrucción de otros documentos relevantes para el caso.
En una entrevista con el diario La Jornada, el representante legal dijo “El Ejército mexicano pone pretextos, dice que algunas informaciones ya no existen, que fueron destruidas. Argumentan cuestiones normativas”.
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Aunque reconocieron los avances que se han tenido en la investigación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el freno a la investigación se debe a las fuerzas armadas.
De acuerdo con La Jornada se espera que los participantes de la marcha realicen un mitin frente al Hemiciclo a Juárez.
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El 26 de septiembre se cumplieron 7 años de la desaparición de los 43 normalistas y todavía no hay justicia.
El ataque contra los estudiantes por parte de las fuerzas municipales, estatales, militares y personas civiles fue desmedido. Los estudiantes de las normales tomaban camiones para viajar a la Ciudad de México cada 2 de octubre, por lo que no se explica la fuerza desmedida por detenerlos el 26 de septiembre de 2014.
La noche de Iguala, una investigación de la periodista Anabel Hernández, señala que el despliegue se habría dado por parte de militares del 27 Batallón de Infantería por órdenes de un líder del narcotráfico para recuperar un cargamento de heroína, con valor estimado de 2 millones de dólares, oculto en dos autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre.
Esta investigación confirmaría la presunta participación de militares en la desaparición y daría sentido a ciertas pistas recabadas por el grupo independiente de investigación como la localización de la señal del teléfono de uno de los estudiantes en la zona militar.
La investigación de la periodista Anabel Hernández se extiende y señala otros aspectos que, de comprobarse, involucrarían a integrantes de diversas instituciones. Personajes que participaron y participan en la administración y política: Omar García Harfucha, quien en ese entonces era coordinador de la Policía Federal en Guerrero y estaría implicado en la desaparición de los estudiantes. Según un testigo, Herfuch recibía un soborno mensual de 200 mil dólares, por parte de Guerreros Unidos, grupo delincuencial que controla la zona.
En el caso de Ayotzinapa, el propio encargado de la investigación ocultó y manipuló las pruebas. Tomás Zerón y el entonces procurador de justicia José Murillo Karam crearon una “verdad histórica”: los grupos delincuenciales asesinaron a los estudiantes y los incineraron en un basurero en Cocula. Las pruebas eran un hueso y algunos participantes confesos.
Esta versión desechada en inicio por principios científicos y después por sentido común ha sido casi completamente desmontada.