Aun cuando el gobierno mexiquense amortizó mil 858.1 millones de pesos a la deuda estatal durante el pasado ejercicio fiscal, el monto creció un 7.4 por ciento en sólo 12 meses y llegó los 44 mil 974.5 millones de pesos, sin contar el valor nominal del Bono Cupón Cero de mil 414.5 millones que tiene la entidad mexiquense.
Esto significa que si la población debiera hacer frente al pago de esta deuda de un tajo, cada habitante, sin importar si es recién nacido o mayor de 60 años, tendría que aportar 2 mil 646 pesos para hacer frente a este compromiso financiero del gobierno estatal, el cual tiene un costo anual de 3 mil 508 millones de pesos.
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Sin embargo, de acuerdo con la Cuenta Pública que entregaron al Poder Legislativo, no hay necesidad de pagar todo en una sola exhibición porque el perfil de vencimiento es anual y concluye en el año 2040, si no se contratan nuevos créditos en este 2021,
Para este año el Ejecutivo todavía tiene la posibilidad de contratar créditos con un límite de 8 mil 637 millones, lo cual, de concretarse, llevaría la deuda arriba de los 53 mil 600 millones de pesos al finalizar el ejercicio fiscal y el débito per cápita a los 3 mil 155 pesos por persona.
Este año además de los intereses el gobierno debe amortizar 428.4 millones de pesos, para el siguiente año deberá pagar una cantidad de 497.4 millones, en el 2023 un monto de 582.7 millones, en el 2024 corresponden 495.6 millones y en el 2025 deben cubrir poco más de 742 millones de pesos por los vencimientos.
Esto por las últimas negociaciones, pero las cifras pueden aumentar por las nuevas condiciones bajo las cuales contraten los nuevos créditos de este año, donde normalmente piden 12 o 24 meses de gracia para empezar a pagar posteriormente.
Los montos más altos que se deben cubrir son a partir del 2026 al año 2028, con pagos obligatorios de entre mil y mil 744 millones de pesos anuales, además de lo que corresponda a intereses y servicio.
Cada año irá subiendo el monto, de manera que en 2029 vence la contratación de otros 2 mil 54.6 millones y seguirá en ascenso hasta el 2031.
La parte más cruenta será en el año 2032, cuando se deben amortizar 5 mil 772.8 millones de pesos, más los intereses y los montos extras por los nuevos endeudamientos de los últimos 12 años, así como los Proyectos de Prestación de Servicios y las Asociaciones Públicas Privadas que aun cuando no son consideradas como deuda, representan un compromiso de pago ineludible, que reduce el margen de maniobra de cualquier gobierno.
En el informe de la Cuenta Pública el gobierno insiste que la deuda no causa problema a la administración porque representa 17 por ciento de los ingresos ordinarios de la administración estatal, razón por la cual las calificadoras han posicionado a la entidad en una calificación adecuada, por lo cual sigue siendo sujeta de crédito.
Aunado a ello sólo 66 por ciento está contratado con la banca comercial y 37.2 por ciento con la de Desarrollo, donde destaca Banobras como el principal acreedor con 37.2 por ciento, seguido de Banorte con 30.6 y BBVA con el 24.3 por ciento.
El documento hace énfasis que las buenas condiciones obtenidas fueron resultado del refinanciamiento y reestructura de los pasivos en 2018 y por el manejo responsable de las subsecuentes operaciones financieras.
Ello dio como resultado las condiciones óptimas para la administración adecuada de las finanzas públicas, con un perfil de crecimiento en línea con la tendencia de los ingresos de libre disposición, evitando presiones por vencimientos superiores al 12.84 por ciento del saldo insoluto.