Luego de cuatro años, y a pesar del incremento de la incidencia delictiva en el país, el Programa Nacional de Prevención del Delito llega a su fin, ahora que en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación 2017 ha desaparecido oficialmente, ha dejando más interrogantes, ya que la Auditoría Superior de la Federación, después de diversas evaluaciones realizadas, señaló que había irregularidades en el manejo de los recursos y que no se contaba con indicadores para medir sus avances.
La actual administración destinó casi 10 millones de pesos a este programa, cuyo objetivo era reconstruir el tejido social y combatir el delito. Dentro de las acciones que se consideran para la prevención del delito son: combate a las adiciones, rescate de espacios públicos, promoción de proyectos productivos, entre otras.
Con ello se demuestra que el actual gobierno no fija como prioridad nuestra seguridad, pues sigue apostándole a programas que mantienen en la pobreza y cautivos en una red política a los ciudadanos, dejando a un lado a las víctimas del delito, pero sobre todo, abandona la posibilidad real de crecimiento económico del país y de lograr una mejor distribución de la riqueza, pues parte de la prevención del delito es mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.
Países de América Latina como Colombia, una vez que se dieron cuenta que el narcotráfico, el crimen organizado y delincuencia en general estaban tomando el control del país, le apostaron todo (recursos materiales, financieros, etc.) a generar y cooperar una estrategia para prevenir y combatir el delito; mientras que en México hacemos todo lo contrario, ya que el no contar con un programa que prevenga el delito provoca que tengamos que atender las consecuencias del mismo, lo que a la larga implica un mayor gasto, pero sobretodo una mayor violación de los derechos de las víctimas del delito.