Cientos de aficionados del Toluca FC fueron encapsulados antes de ingresar al estadio Nou Camp de León y escoltados hasta los límites de la ciudad para impedir su acceso al partido del sábado pasado. A pesar de contar con boletos pagados, la policía municipal bloqueó su entrada y realizó detenciones.
No es la primera vez que ocurre. En Querétaro, el pasado 18 de octubre, la policía llevó a cabo un operativo similar contra La Banda del Rojo, La Perra Brava y otros grupos de aficionados organizados. Este tipo de medidas son más frecuentes en los estadios del Bajío, especialmente en León, Querétaro y San Luis Potosí.
¿Medida selectiva contra la afición del Toluca?
Para el periodista deportivo Ignacio «Fantasma» Suárez, esta acción fue discriminatoria:
“¿Por qué solo al Toluca? En otros estadios hay visitantes. Con unos sí, con otros no. Eso es lo que no se vale”.
Además, señaló la falta de criterios uniformes:
“Lo hemos visto (el estadio de León) lleno de atlistas, de Chivas”.
El Fan ID: una medida de seguridad que genera dudas
El Fan ID fue una medida implementada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en respuesta a los violentos enfrentamientos del 5 de marzo de 2022 en el estadio Corregidora, donde barras del Querétaro (La Resistencia) y del Atlas (Barra 51) protagonizaron una de las peores escenas de violencia en el fútbol mexicano.
El objetivo de este sistema era identificar a los aficionados y sancionarlos en caso de incidentes. Para ello, se creó una base de datos donde los seguidores debían registrar su información personal, datos biométricos y una fotografía de una identificación oficial. El código generado por la aplicación se convirtió en un requisito obligatorio para ingresar a los estadios de Primera División y a los partidos de la Selección Mexicana.
Lee más en: Fan ID, negocio e impunidad (1a entrega)
Sin embargo, varios sectores han cuestionado la implementación del Fan ID. Grupo Orlegi, propiedad de Alejandro Irarragorri, recomendó la contratación de Incode, la empresa encargada del sistema. Según diversas versiones, Irarragorri habría recibido una comisión por esta recomendación, lo que ha generado controversia sobre la transparencia del proceso.
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