De acuerdo una investigación de Proceso, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, México experimentó un incremento en el número de agentes y personal técnico administrativo de la Administración para el control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Según un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) obtenido por Proceso, la DEA aumentó su presencia de 54 a 70 agentes y de 32 a 41 técnicos administrativos en el país.
Este aumento de personal permitió a la DEA llevar a cabo actividades de espionaje y violaciones a la soberanía de México, así como influir en decisiones gubernamentales y operaciones contra el narcotráfico. El informe de la SRE revela que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto concedieron facilidades a la DEA, lo que resultó en traiciones y la exposición de casos de corrupción y complicidad con el narcotráfico.
La DEA operaba en México con 54 agentes y 32 técnicos administrativos, incluyendo analistas y especialistas en tecnología de espionaje. Sin embargo, en un periodo de 10 años, la DEA logró la autorización para 16 policías antinarcóticos adicionales, operando con libertad en el territorio mexicano y traicionando a sus supuestos aliados.
En total, la DEA cuenta con 111 elementos en México, quienes —bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador— están sujetos a la Ley de Seguridad, que les obliga a informar mensualmente sobre sus actividades a la Cancillería.
La creciente presencia de la DEA en México tuvo repercusiones significativas. Según el reportaje de Proceso, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto enfrentaron exposiciones de corrupción y fracasos por parte de la DEA. Ejemplos notables incluyen el arresto de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en diciembre de 2019, y la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en octubre de 2020. Ambas detenciones evidencian cómo la DEA utilizó su incremento de personal para realizar labores de espionaje y grabación de conversaciones telefónicas de altos funcionarios mexicanos.
La amenaza del gobierno de López Obrador de expulsar a los 70 agentes de la DEA de México fue clave para que Washington decidiera desestimar los cargos contra Cienfuegos y repatriarlo.
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