La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones a la Sedesol – gestión 2018-, por 211 millones 704 mil pesos derivado de pagos indebidos, contratación de personal sin perfil requerido, falta de datos para el sistema de información y de un repositorio central de información, base para el Padrón Único de Beneficiarios (PUB).
También presume un posible daño al erario por más de 154.4 millones de pesos por el pago de dispositivos móviles -tabletas- para registrar datos del Programa de Adultos Mayores, pues debía recolectar información de los beneficiarios, pero el servicio no se realizó y los datos no llegaron a la secretaría.
La ASF advierte en su informe, que forma parte de la segunda entrega de resultados de la cuenta pública 2018, el último del gobierno de Enrique Peña y durante la gestión de Luis Miranda como titular de Sedesol, la carencia de un Sistema Integral de Información que permitiera garantizar que los datos de los beneficiarios fueran actualizados, confiables y completos, lo que no facilitó la entrega de apoyos, ni el cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores.
Enfatiza que los dispositivos móviles adquiridos para recolectar la información de los beneficiarios y transmitirlos a las bases de datos de la dependencia no fueron utilizados para tales fines, entre otras causas, por el incumplimiento en el desarrollo de ocho módulos que forman parte del Servicio Integral de Información.
Por ello, advierte que la Sedesol hizo pagos indebidos por 154 millones 474 mil pesos, así como penalizaciones no aplicadas por 2.9 millones de pesos.
El informe revela que desde el inicio, el plan de trabajo de el proveedor INTELYTI estuvo incompleto, con inconsistencias, nunca tuvo la autorización formal del plan por parte de la dependencia, faltaron firmas del representante legal de la empresa y hubo incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La ASF reprocha que el 26 de junio de 2017 se formalizó el contrato del “Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles para llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la Transmisión de Datos al Hosting de la secretaría de Desarrollo Social”, pese a haber registrado incumplimientos con el contrato “Servicio Integral de Información y de Apoyo Tecnológico que facilite la operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores” y no se consideró que el SIIPPAM se entregaría hasta el 18 de noviembre de 2018.
¿Para qué servirían los dispositivos?
El objetivo era la recolección de datos socioeconómicos y demográficos de beneficiarios y potenciales beneficiarios del programa de Adultos Mayores en sus domicilios, y transmitir la información al hosting de la Secretaría de Bienestar.
El contrato abierto 411.213.33901.043/2016 con Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V. (INTELYTI) se hizo por Adjudicación Directa Nacional para prestar el “Servicio administrado de telecomunicaciones, soporte técnico e infraestructura de ventanillas del Programa Pensión para Adultos Mayores.
La justificación fue que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) necesitaba contar con dispositivos móviles como herramienta integral y funcional para facilitar la capacidad y continuidad operativa del PPAM, que incluyeran el servicio de conectividad para la georreferenciación y la transmisión de la información recolectada, así
como la atención a beneficiarios (visitas domiciliarias) para contribuir a mejorar la eficiencia en los procesos de identificación, incorporación y atención de beneficiarios.
Esos dispositivos móviles, al facilitar las visitas domiciliarias, evitarían que los adultos mayores se trasladaran de su domicilio a las sedes de atención del programa, a fin de evitar desgastes para el adulto mayor y tendrían características específicas.
Entre ellas: el tamaño, capacidad de almacenaje de información, sistema operativo, cámara fotográfica, lector de huellas y GPS, permitiría el traslado de los promotores de manera fácil, rápida y segura para realizar su labor evitando el uso de otras herramientas.
Además, ayudaría a integrar expedientes completos con un mayor control de la documentación, evitaría la duplicidad de beneficiarios en el padrón pues tendría un lector de huella dactilar que compararía de manera automatizada las huellas de los beneficiarios del programa, un geolocalizador que permitiría la georreferenciación de los domicilios
visitados y nombre de beneficiarios.
El sistema de información y los dispositivos
La ASF revisó además el contrato para el sistema de información y determinó que no había la documentación soporte que acreditara la entrega y verificación de los servicios de manera mensual sobre el desarrollo de ocho nuevos módulos por los cuales se pagó, en 2017, un monto de 74.5 millones de pesos.
En cuanto a los dispositivos móviles, con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 154.4 millones de pesos por servicios devengados de diciembre de 2017 a octubre de 2018, y se aplicaron deductivas por incumplimiento en niveles de servicio y penalizaciones por retraso en la entrega.
La ASF advierte que nunca se lograron pruebas exitosas del proceso de incorporación de beneficiarios al PPAM, no se logró la asignación de la visita al promotor de Unidades Básicas de Atención (UBA) o las direcciones de geolocalización eran erróneas y no sincronizaron nunca la información al Hosting de la Secretaría, o se registraron problemas al capturar las huellas, o problemas al ingresar a la aplicación del CUIS.
Además, todo el equipo (PC, Laptops, reguladores, impresoras, lectores de huellas, escaners, lectores de código de barras, etc.) proporcionado por el proveedor INTELYTI no se encuentra inventariado como parte de los activos de la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, se identificaron PC con licencias expiradas de antivirus y paquetería office.
Los datos de prueba alojados en la infraestructura del proveedor INTELYTI y el SIVA quedaron en posesión del proveedor porque presentó un certificado de derechos de autor de un sistema de pensión para adultos mayores fechado el 18 de marzo de 2016; sin embargo, de acuerdo con la normativa, la ASF señala que todos los desarrollos a la medida solicitados por BIENESTAR en los contratos 411.213.33901.042/2016, 411.213.33901.043/2016 y 411.213.33903.005/2017 debieron quedar bajo la titularidad de la secretaría.
Irregularidades
La Secretaría, según el informe de la ASF, no cuenta con un Sistema Integral de Información porque el proveedor INTELYTI desinstaló el sistema, y tampoco recibió la documentación de las fases del proyecto en tiempo y forma.
Además, advierte la ASF, no fue posible verificar en sitio el diseño, construcción, implementación, funcionamiento y operación de los ocho módulos que forman parte del Servicio Integral de Información, por lo cual se presumen pagos indebidos por 74.5 millones de pesos.
Con relación al Contrato número 411.413.32301.064/2017 “Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles para llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la Transmisión de Datos al Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, los auditores determinaron que no se cumplió con el objeto del servicio integral debido, entre otras causas, a las irregularidades presentadas en el Contrato número 411.213.33903.005/2017.
Los dispositivos no recolectaron la información de beneficiarios de los distintos Programas Sociales, ni tampoco realizó la transmisión de dichos datos al Hosting de Secretaría de Bienestar, pues el aprovisionamiento de los Dispositivos Móviles, el SIIPPAM no se encontraba desarrollado ni implementado, por tanto se presumen pagos indebidos por 154.4 millones de pesos.
Luis Miranda Nava
El ex titular de Sedesol es licenciado en Derecho, con una trayectoria al amparo del ex gobernador y ex presidente, Enrique Peña Nieto, con quien tiene una relación cercana de amistad desde hace años. Para muchos, los cargos que ha tenido han sido resultado de esa amistad.
El hoy diputado federal ha tenido varios cargos, en la administración estatal y federal.
Fue coordinador de Asuntos Jurídicos del gobierno del Estado de México; de 2002 a 2003 fue subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno mexiquense; del 2003 al 2005 secretario de Finanzas, Planeación y Administración de la entidad.
Entre 2007 y 2009 subsecretario de Gobierno del Estado de México; de 2009 a 2011 secretario General de Gobierno del Edomex; en 2012 vicecoordinador político del Equipo de Transición de la Presidencia de la República.
De 2012 a 2016 subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y de 2016 a 2018 secretario de Desarrollo Social.
Como secretario federal tuvo desencuentros con diputados federales de oposición, quienes cuestionaron su capacidad para ocupar la titularidad de Sedesol.
También fue señalado como una persona poco tolerante y con facilidad para molestarse.
Su único intento por tener un cargo de elección popular por mayoría fue en 2006, cuando buscó la alcaldía de Toluca, pero fracasó en su intención y fue derrotado en las urnas por el entonces panista, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Actualmente es diputado federal del PRI, pero llegó por la vía plurinominal.