La Secretaría del Trabajo modificó las reglas de operación del programa “Salario Rosa por el Trabajo” para hacer ajustes mínimos, como señalar que los recursos son estatales. Además, deberá existir un expediente técnico y separar algunos puntos de cómo operará el programa.
En el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) hizo observaciones por mil 564.7 millones de pesos relacionados con los programas sociales, sobre todo con las 15 vertientes del Salario Rosa.
Lo anterior porque se apoyó a beneficiarios que no cumplían con los requisitos; a otros no les llegó el apoyo, o les dieron menos de lo estipulado, detectó duplicidad de beneficiarios y no hubo un padrón confiable.
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Modificaciones
Tal como se publicó el 29 de enero en las primeras reglas, la prioridad serán las mujeres con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente; así como quienes padezcan enfermedades crónico degenerativas, sean víctimas u ofendidas de un delito, repatriadas o cuidadoras de hijos e hijas menores de edad de madres privadas de su libertad por resolución judicial.
Además, deben habitar en la entidad mexiquense, tener entre 18 y 59 años, enfrentar pobreza, dedicarse al hogar y no tener ingresos por empleo formal. Quienes ya sean beneficiarias deberían además manifestar interés de continuar con el programa, llevar acciones de desarrollo comunitario y haber participado en algún curso de capacitación para el desarrollo humano.
De acuerdo con las reglas, se mantiene que el gobierno estatal deberá emitir una convocatoria para entregar apoyos de 2 mil 400 pesos, hasta en seis ocasiones, durante el año, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, con este acuerdo se abrogan las reglas anteriores, pero se mantiene como requisito la edad de 18 a 59 años de edad. También, el monto del apoyo de 2 mil 400 pesos, en una y hasta en seis ocasiones; además de capacitarlas para el desarrollo humano, vincularlas para el acceso a los servicios jurídicos y de derechos humanos, psicológica, salud pública y educación básica.
El registro será por internet y de manera directa en los módulos, en los plazos que establezca la convocatoria; será evaluado por un comité de selección, que dará prioridad a sectores vulnerables.
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Uno de los cambios es que se añade el punto 7.3 denominado Fuentes de financiamiento para precisar que el presupuesto asignado al programa es en su totalidad de origen estatal y se destinará a cubrir el apoyo monetario y, en su caso, los bienes y servicios que se otorgan a las beneficiarias; así como los gastos de operación del programa, con base en las necesidades que se presenten.
Además, el gasto deberá ser justificado mediante el expediente técnico correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y debidamente autorizado por dicha dependencia.
Situaciones que ameritan baja del programa
Se señalan como razones para salir del programa hacer proselitismo con los apoyos que les entreguen y se puede suspender temporalmente en caso de que se encuentren inconsistencias en el registro de la beneficiaria; o si está dentro de otro programa de desarrollo social que otorgue apoyo monetario.
Se dará de baja a quienes hayan proporcionado información socioeconómica falsa para su incorporación al programa; cambiar de domicilio fuera de la entidad, renunciar, por muerte y no asistir sin causa justificada a las convocatorias de la instancia ejecutora.
Cuando causen baja las beneficiarias se dará oportunidad a otra persona, por el tiempo que falta del programa y se crea un Comité de Admisión y Seguimiento, donde la presidencia estará a cargo de la titular de la Secretaría del Trabajo; la Secretaría se quedará en manos de quien sea titular de la Dirección General de Empleo y Productividad.
Además, tendrá cinco vocales que serán representantes de las secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Educación, Mujer y del ICATI; un representante de la Contraloría, de la sociedad civil o institución académica.
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Este Comité votará y decidirá por mayoría o unanimidad la lista de beneficiarias, así como las sanciones a quienes incumplan las reglas del programa.
Aún cuando hace unos días el secretario de Desarrollo Social, Erick Sevilla afirmó que ya habían aclarado las observaciones al salario rosa, la auditora superior, Miroslava Carrillo aclaró que los documentos están en revisión, pero mientras tanto, las observaciones siguen firmes.
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