Al sur

Toluca, México, 8 de febrero de 2018. Juliantla, Guerrero, es el pueblo donde el cantante Joan Sebastian asentó sus dominios y exhibió a los cuatro vientos su poderío económico. Fue en el enorme rancho de Teacalco, que bordea la carretera que une al pueblo con Taxco, donde colocó sin falsas modestias el fuselaje de un avión que compró nada más para tenerlo ahí, un monumento para su propio orgullo. Eso, ni antes ni hoy, a nadie le resultó extraño.
En Juliantla el inmenso avión y José Manuel Figueroa, el verdadero nombre del cantante, ya fallecido, son dos de los tres temas de conversación habituales de los pobladores. El otro es Federico Brito Figueroa, hermano del artista y presuntamente relacionado con el cártel de los Rojos. Fue citado a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) el 8 de enero de 2016, cuando la alcaldesa Gisela Mota, del municipio de Temixco, Morelos, fue asesinada. Esa era la segunda comparecencia de Federico, quien había sido amenazado con narcomensajes dejados en cadáveres de sicarios ejecutados y que parecían casi letreros de exculpación. Y es que una manta colocada en Cuernavaca decía lo contrario, que Brito Figueroa era líder de los Guerreros Unidos. A Federico no se le ha comprobado nada, aunque al propio Joan Sebastian le ejecutaron dos hijos. El artista, “en 2004, fue involucrado directamente en actividades de tráfico de drogas. Un ex policía denunció su presunta relación con Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, líder del Cártel de Juárez. El testimonio señalaba al cantante por almacenar droga en sus propiedades. El cantante lo negó y la PGR no lo molestó”, escribió la reportera Sanjuana Martínez para el portal Sinembargo.mx.
Juliantla es uno de los límites geográficos entre el violento Guerrero y el todavía más convulso estado de Morelos. Allí, Promociones Figueroa, la empresa de espectáculos de los parientes de Joan Sebastian, acaparan ese mercado y el 5 de febrero de 2018 habían organizado una fiesta-jaripeo que incluía la actuación de Guadalupe Esparza, vocalista del grupo Bronco. 
La madrugada del 5 de febrero Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñoz García, sacerdotes de San Marcos y Mezcala, en Guerrero, respectivamente, fueron encontrados sin vida sobre la carretera Taxco-Iguala. Los curas habían asistido a un baile, junto con otras cuatro personas y fueron atacados cuando viajaban en una camioneta Hélix
“El sacerdote Germaín Muñiz García fue fotografiado portando un arma de fuego de grueso calibre, y en otra fotografía apareció en compañía de hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala”, dice el portal electrónico Animal Político. 
Juliantla es parte de un corredor narcotraficante que conecta Taxco con Morelos, por el norte. Y por el sur, Taxco es vecino de la violenta Iguala. En realidad, se trata de una red de carreteras que inician en Acapulco y que han sido aprovechadas para el trasiego hacia la ciudad de México y la frontera norte que hace Tamaulipas, sobre todo, con Estados Unidos.
Esa zona, junto con el sur mexiquense, es uno de los territorios más peleados por los cárteles del narcotráfico, que funcionan como brazos paramilitares al servicio de mineras extranjeras, y junto con la fuerza pública –militares y policías de distintos niveles- han convertido a esa parte del Estado de México, todo Guerrero y Morelos, en un desastre genocida, tierra de desplazados, desiertos de cianuro y arsénico desparramados.
El asesinato de los sacerdotes es parte de la normalización de la violencia, pero también justifica una ecuación que se repite en todo el país: donde hay algo que extraer, aparecen primero las fuerza militares, después irrumpe el narcotráfico y por último llega alguna empresa que comienza a explotar recursos naturales, minerales y acuíferos. Los megaproyectos mineros, sobre todo, han devastado a Guerrero y desplazado al narcotráfico y el transporte de droga.
Taxco es un municipio bien conocido porque ahí cerca vivió Joan Sebastian, por su peculiar estilo arquitectónico y la producción de plata. Lleno de minas de oro y plata y con una huelga ya añeja de un sector minero, es una de las ciudades más violentas de Guerrero. Hasta allá llega a patrullar el 27 Batallón de Infantería, el mismo que se vio involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, para imponer su peculiar sentido del orden. Y es que si un destacamento militar es mortífero, es ése. No solamente Ayotzinapa se encuentra entre los blasones de combate de los militares de Iguala, también hay otros ejemplos. El 15 de junio del 2010, el 27 Batallón perpetró su propia carnicería en Taxco, cuando persiguió y acorraló a 14 presuntos narcotraficantes en una casa que, los soldados dijeron, era refugio de malhechores. Ya sin posibilidades de huir, el ejército abrió fuego y mató a todos. De los muertos y el destino de los cuerpos se supo bien poco, pero lo que no se ignoraba era que todos ellos trabajaban recientemente en Taxco y que provenían de otras entidades. 
Esa vez el ejército no reportó nada, excepto el número de bajas de los rivales y regresó como si nada a su acantonamiento, sin que nadie peguntara nada. Tampoco nadie preguntó gran cosa cuando la Fiscalía de Guerrero aseguró que los sicarios que ultimaron a los sacerdotes, en febrero de 2018, huyeron hacia el Estado de México, al municipio de Ixtapan de la Sal, una ciudad-balneario donde acostumbra descansar el presidente de México, Enrique Peña, en el fraccionamiento Grand Reserva. 
Ahí, entre el exceso de agua y otras cosas, mantienen casa sus principales colaboradores en el gobierno federal, como Luis Miranda, ex secretario de Desarrollo o el propio Luis Videgaray Caso. Es de leyenda la manera en que los dueños originales del terreno donde está el Grand Reserva, la familia San Román, consiguieron los permisos para renovar contratos sobre el agua del principal baleario de Ixtapan de la Sal, en el sexenio del ex gobernador Arturo Montiel, tío de sangre de Peña Nieto. En una fiesta que terminó en borrachera, el ex mandatario firmó cuanto papel le pusieron enfrente. A cambio, los San Román prometieron discreción y terrenos para quienes Montiel eligiera. Pero Montiel, el poderoso político, escogió mal con algunos. 
Lo que no entra en el terreno de las leyendas es el asunto probado de que Ixtapan de la Sal es uno de los pasos de droga, oro y uranio, desde Guerrero, y que conectan con Toluca y la ciudad de México. Hace cuatro años, ese paso representaba la única ruta de escape del cártel de los Guerreros Unidos, encabezados por los hermanos Pineda Villa y por Sidronio Casarrubias, en zafarrancho permanente contra la Familia Michoacana, que lidera hasta hoy Johny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, un narcotraficante célebre en el sur del Estado de México por su capacidad inhumana de sobrevivencia. Del lado de Morelos, donde el cártel de los hermanos Beltrán Leyva había sentado una de sus principales bases de operaciones, estaban los Rojos, cuya cabeza visible es Santiago Mazari Hernández, “Carrete”. 
Los Beltrán Leyva, primero junto a Joaquín Guzmán, “El Chapo” y después por la libre, habían creado todo un método de trabajo que cambiaba vidas por droga pero que era tan efectivo que les había permitido dominar, incluso, Acapulco. Sin embargo, la llegada del líder de los Zetas, Osiel Cárdenas, con lo mejor los ex soldados de elite del ejército mexicano, cambiaría las cosas porque pelearon el control del puerto hasta la muerte de Arturo Beltrán, en el 2009, en un enfrentamiento contra la Marina. 
En el paso de La Garita, Acapulco, el 27 de enero de 2006, un comando de 100 policías marcó el alto, a la mala, a matones de los Zetas que irrumpían por la autopista de México hacia el corazón del puerto. Trasmitida en tiempo real por los reporteros locales, la masacre de La Garita significó para Acapulco el comienzo de una guerra que, doce años después, todavía se vive en las calles del puerto más famoso de México. Acapulco y Guerrero fueron testigos del inicio de salvajes enfrentamientos que hoy muestra ejecuciones videograbadas y los mismos mensajes dejados en la calle, pero con las vísceras de los desollados. 
El episodio de La Garita no terminó ni siquiera cuando los policías que participaron en la ejecución de los Zetas rebeldes, entre ellos altos mandos, fueron destazados y sus cabezas arrojadas cerca del punto de batalla. Eso forjó al Acapulco de hoy en una mezcla de mar y sangre, por decirlo de alguna forma.
El 2006 era también la época en que el presidente panista de México, Felipe Calderón, ordenaba a los militares salir de los cuarteles y patrullar las calles. Era el tiempo en el que se otorgaron más de 11 mil concesiones mineras, sobre todo a canadienses, para explotar el subsuelo del país y lo que se venía para México no era la bonanza ni el progreso que el oro tendría que derramar. Lo que se vino encima eran superextractoras como la Barrick, la Goldcorp y Teck Cominco, que necesitan, mínimamente, 30 mil hectáreas para sus operaciones.
La guerra entre narcos fue sólo una excusa hábilmente usada por el gobierno federal para encubrir la explotación de los recursos naturales y ejecutar una estrategia de ocupación desde el plan “México 2030, Proyecto de Gran Visión”, que tiene como objetivo, llanamente, la privatización del país, cambiar la Constitución desde reformas estructurales como la desaparición de la educación pública. Eso sucede ya y el narco, la expresión más triste y salvaje de la necropolítica mexicana, invisibilizó la verdadera actividad que, para extraer, necesitaba arrasar pueblos. 
Ixtapan de la Sal, sin embargo, no quedó en medio de aquel desastre a cielo abierto, como le tocó a la escuela normal rural de Ayotzinapa o La Parota. Tampoco padeció masacres como la de Tlatlaya, a mediados del 2014, cuando el ejército mató a 22 personas, casi todas levantadas para defender sus tierras de la minería que, precisamente, ha conseguido al menos seis enormes extensiones en concesión y soportan el asedio de “El Mojarro”, dedicado en la mina de Campo Morado a la extracción de uranio asociado con un argentino, Carlos Ahumada Kurtz.
Esa carretera que atraviesa Ixtapan era usada por los Guerreros Unidos para hacer negocios en Toluca y Metepec, al amparo de los gobiernos priistas, hasta que la desaparición de los 43 los reventó por descuidados. Ixtapan, aunque turístico, ha pagado altos precios por su clima privilegiado y sus rutas hacia la capital. La llegada del narco a ese lugar se llevó entre las balas la vida de alcaldes y matones, y aunque sigue siendo un lugar peligroso, por los menos los sicarios terminaron instalándose un poco más cerca de Morelos, en el municipio de Zumpahuacán, considerado por el gobierno del Edomex como el más peligroso cuando se trata de narcotráfico, junto con Ecatepec, Coacalco y Metepec. Y es verdad. El poblado de San Gaspar, por ejemplo, es bastión inexpugnable desde la pobreza que aparenta. Zumpa está erizado de militares y federales que cierran sus caminos, todos secundarios y casi intransitables para quienes no son de ahí. 
Ruta hacia Iguala pero también a Cuernavaca y las Grutas de Cacahuamilpa, Zumpahuacán no perdona a quien comete errores, aunque es también guarida de laboratorios artesanales, además de albergar extrañas mansiones que se asoman entre los campos. Una de ellas es la de Alfredo Torres, político del Grupo Ecatepec, “de donde salió Eruviel Ávila, quien ahora quiere convertirse en alcalde del sureño municipio de Zumpahuacán nada más para aprovechar la finca que le regalaron algunos presidentes municipales el sexenio anterior, cuando era responsable de Regionalización en la zona. La propiedad es impresionante”, dice la columna Se Dice Que… del diario digital Alfa, el 8 de febrero de 2018. Torres cometió el error de prestarla para la filmación de un videoclip del conjunto grupero Crueles del Norte, que cantan el tema “En la Basura”, y que puede ser visto en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=LgF3ERw8VN8
El sur mexiquense es rico en narcoanécdotas, aunque ahora toda la entidad le compite. Conserva, sin embargo, sus particularidades, como sucede en Luvianos, un pequeño municipio, alguna vez capital de la mariguana en México y donde se encuentra un descampado llamado Cajón de Agua, escenario de batalla entre ejércitos del narco. Ahí, morir porque sí resulta lo más natural. En realidad, dice un testigo de esos enfrentamientos, se trata de soldados y marinos disputándose los territorios de la siembra. 
Los Rojos, el cártel de Morelos, intentaron también expandirse, llegar al sur del Estado de México, atravesarlo hasta Iguala y después hacerle frente a los Tequileros, este año, para terminar de una vez por todas con la proliferación de pandillas, tantas que hasta hace 24 meses había 50 de ellas disputándose Guerrero.  Eran tantas que todas terminaron bañadas en la misma sangre. Tampoco pudieron hacer demasiado los Rojos, sólo que detrás de ellos, detrás del líder Santiago Mazarín, estaba el apellido Figueroa.
Pero en un país como éste la violencia pronto perdió el sentido, la proporción de lo verosímil. El decenio pasado, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ubicaba sin dificultades centros guerrilleros en la alta montaña de Guerrero, así como en las costas de esa entidad y ponía al frente de esos movimientos a sacerdotes católicos, a los estudiantes de Ayotzinapa y a los líderes sociales incómodos. Chilapa, el tercer municipio más violento del país y puerta acceso a los sembradíos de droga; además de Acapulco y Chilpancingo, vieron llegar a marinos y soldados para cuidar la seguridad pública y ninguno de ellos funcionó. 
La división política de México no está determinada por fronteras oficiales sino por territorios mineros y Zonas Económicas Exclusivas. En Guerrero, por ejemplo, se localiza el Cinturón de Oro, una franja de más de 200 kilómetros que comienza en el Estado de México, en Tlatlaya, y termina en las playas de Acapulco, tocando sus costas donde yacimientos de titanio recorren los estados colindantes con el Pacífico, de punta a punta.
En Morelos, la resistencia social contra la minera Álamo Gold, que incluso proyecta la demolición del sitio arqueológico de Xochicalco, está encabezada por sacerdotes de Morelos que siguen las ideas de la Teología de la Liberación del obispo Sergio Méndez Arceo. En la administración de Peña Nieto hay 21 sacerdotes asesinados, según conteos periodísticos
Al cura Iván Añorve Jaimes le gustaba la música y era compositor. Había realizado algunas apariciones en programas de radio y grabó tres discos. También era locutor. Se ordenó como sacerdote el 25 de enero de 2009, después de estudiar en Acapulco. Por su lado, Germaín Muñoz García salió en una foto con hombres armados y la Fiscalía de Guerrero no desaprovechó para dar a entender que tenía relación con grupos criminales. Los dos fueron asesinados en un lugar donde la vida ya no es moneda de cambio porque sólo muerta la gente vale algo. Sólo muerta deja de resistir, de defender la tierra, de oponerse a lo que tenga que oponerse.
Esto es el sur, la puerta de entrada.
Y vámonos.