El alcalde de Toluca, Raymundo “N” quien es prófugo de la justicia y buscado por la fiscalía mexiquense por el delito de secuestro exprés, podría alcanzar una pena en prisión de hasta 100 años, de acuerdo con especialistas en derecho, quienes coincidieron que sus opciones judiciales son limitadas, por lo que es casi inminente que pise la cárcel una vez que sea arrestado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene operativos para ubicarlo, además de resguardar los inmuebles donde podrían ubicarlo, incluso solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México la emisión de la “Ficha Roja” correspondiente.
El presunto delito que se le imputa habría ocurrido el pasado 12 de abril de 2023 en contra de Emilio “N”, padre de su exesposa y expresidenta del DIF de Toluca, Viridiana Rodríguez, cuando policías municipales, en complicidad con funcionarios del ayuntamiento, sustrajeron a la víctima de un inmueble la colonia Morelos de la capital mexiquense.
¿Qué dice la ley?
La fiscalía mexiquense detalló en un comunicado que los delitos por los que es investigado Raymundo “N” alcanzan una pena de 40 a 80 años de prisión, de acuerdo con lo previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en su artículo 9.
También, señala que esta pena puede aumentar 10 años si existen agravantes como el allanar un inmueble.
“Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: (…) d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra”, precisa el documento.
Además, este mismo artículo establece otras agravantes del secuestro exprés como que quien lo perpetra sea integrante de alguna institución de seguridad pública o que “Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta”.
En estos casos la pena que establece la ley para el delito de secuestro es de 50 a cien años de prisión y de 8 mil a 16 mil días multa.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el pasado mes de julio que “las penas por secuestro exprés se incrementan cuando lo comete una persona servidora pública”, respaldando las penas establecidas en la ley antes mencionada.
En este sentido, el maestro en Derechos Humanos, Martín Alvarado Arriaga declaró que esta hipótesis de agravantes se aplicarían al caso de Raymundo “N”.
“No nada más se limita al parentesco, sino también a la amistad, a la gratitud, a la confianza o en una relación laboral. Y esa relación laboral no solo puede darse con la víctima sino con alguna persona que esté relacionada con la victima; entonces en este caso por el el exsuegro hay un parentesco por afinidad”, comentó en entrevista con AD Noticias.
“El alcalde pisará la cárcel”
El también exjuez de Primera Instancia y de Tribunal de Enjuiciamiento en el Edomex habló sobre las opciones jurídicas que tiene actualmente el alcalde de Toluca y señaló que por tratarse de un delito de alto impacto la orden de aprehensión se deberá ejecutar por fuerza.
“El presidente tendría que pisar la cárcel, el amparo no le va a servir para impedirlo porque en un delito de esas características la suspensión no produce el efecto de que puedas llegar caminando, comparecer y salirte caminando”, apuntó.
No obstante, el especialista consideró que el operativo desplegado para detener a Raymundo “N” fue desproporcionado.
“Es una muestra de que la política se está judicializando. A mí me parece muy grave porque desnaturaliza la función de la impartición de la procuración y a veces hasta de la impartición de justicia también”, aseveró.
Precedentes
De acuerdo con el protocolo de medidas de emergencia de la UNAM, un secuestro exprés es “un secuestro de un período corto, con una ganancia rápida, de una o más personas”.
En este sentido, la exdirectora del DIF de Toluca entre otras cosas, denunció en un video que el alcalde de Toluca intentó negociar la libertad de su padre vía telefónica, a base de amenazas a intimidación.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de México en lo que va del año hay una sola carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro exprés, iniciada el abril pasado, mismo mes donde ocurrió el secuestro de Emilio “N”.
Sobre los casos judicializados de este delito, apenas el 16 de noviembre pasado un juez de control sentenció a 60 años de prisión a cinco individuos que participaron en un delito de secuestro exprés en el Edomex.
También se les impuso una multa de 518 mil 700 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos a los involucrados.
Otro caso emblemático, es el que Emilio Arriaga Villa, quien se desempeñaba como alcalde de Ocuilan y que fue sentenciado a 75 años de prisión por el delito de secuestro, en febrero de este año.
A Arriaga Villa también se le impuso una multa de 582 mil pesos, por el secuestro de uno de sus adversarios políticos en junio de 2021 sobre la carretera Santiago-Chalma.
Recientemente, otro político mexiquense, se vio envuelto en una investigación criminal. Se trata del alcalde de Santiago Tianguistenco, Diego “N”, quien es acusado de una presunta violación en contra de una empleada del ayuntamiento. El priista también se encuentra prófugo.