Durante muchos años, la cárcel parecía un destino improbable para un presidente municipal en el Estado de México. Los escándalos políticos abundaban, las acusaciones también, pero pocas veces un alcalde en funciones o un expresidente municipal terminaban frente a un juez. Esa percepción comenzó a cambiar de manera acelerada durante los últimos años.
Hoy existe una cadena de expedientes que atraviesa distintas regiones de la entidad y alcanza a gobiernos emanados de diferentes partidos políticos. Ningún caso es igual a otro, pero todos tienen un denominador común: el poder municipal dejó de representar un blindaje frente a la acción de la justicia.
Zinacantepec: el atentado que terminó con una condena histórica
Uno de los expedientes más emblemáticos es el del entonces alcalde de Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez. El 11 de marzo de 2020, el primer regidor José Luis Álvarez Orozco fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la carretera Toluca-Zitácuaro. Sobrevivió al atentado y la investigación apuntó hacia el propio presidente municipal como presunto autor intelectual.
En enero de 2021, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Después de un largo proceso judicial, un tribunal lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa y le impuso una sentencia de 42 años y seis meses de prisión, convirtiéndose en uno de los fallos más severos dictados contra un alcalde mexiquense.
Santiago Tianguistenco: un alcalde acusado de violación
Otro caso que sacudió a la opinión pública fue el del entonces presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego Moreno Valle. Una denuncia por violación dio origen a una investigación ministerial que concluyó con su detención y posterior vinculación a proceso.
El caso provocó una profunda crisis política en el municipio. Mientras avanzaban las diligencias judiciales, el Ayuntamiento tuvo que reorganizar su funcionamiento y designar autoridades sustitutas para garantizar la continuidad de la administración pública. Más allá del desenlace judicial, el expediente marcó uno de los episodios más delicados para un gobierno municipal mexiquense en años recientes.
Toluca: la caída del alcalde de la capital
La capital del Estado de México tampoco escapó al escrutinio judicial.
El entonces alcalde Raymundo Martínez Carbajal fue denunciado por su exesposa por hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad y extorsión. Tras permanecer varios meses prófugo, fue detenido por agentes ministeriales y puesto a disposición de un juez.
Su captura tuvo un enorme impacto político. No sólo se trataba del presidente municipal de la capital mexiquense, sino de uno de los principales cuadros del priismo estatal. El expediente colocó nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad penal de quienes ejercen el poder desde los ayuntamientos.
Capulhuac: violencia desde el poder
En Capulhuac, la entonces alcaldesa Selenne Hernández Herrera enfrentó un proceso penal por abuso de autoridad tras la denuncia presentada por una psicóloga del DIF municipal, quien la acusó de agresiones físicas y verbales ocurridas dentro de instalaciones oficiales.
Las imágenes y testimonios difundidos generaron una fuerte indignación pública. El caso derivó en investigaciones ministeriales y abrió un debate sobre los límites del ejercicio del poder y la responsabilidad de los servidores públicos frente a conductas de violencia institucional.
Operación Enjambre: el golpe más amplio contra gobiernos municipales
Si los casos anteriores eran expedientes individuales, la Operación Enjambre cambió completamente la escala de las investigaciones.
Por primera vez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades federales, emprendió una estrategia simultánea contra alcaldes, exalcaldes, mandos policiacos y funcionarios municipales presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
Las investigaciones alcanzaron municipios como Amanalco y Santo Tomás de los Plátanos, donde las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión y aseguraron a servidores públicos investigados por delitos como extorsión, homicidio y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En Amanalco, la entonces alcaldesa María Elena Martínez Robles fue detenida por su presunta participación en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su escolta. El expediente se convirtió en uno de los más delicados de la Operación Enjambre por involucrar directamente a la máxima autoridad del municipio.
En Santo Tomás de los Plátanos, la investigación alcanzó a la expresidenta municipal María del Rosario «N» y al alcalde electo Pedro Luis «N», quienes enfrentan procesos derivados de investigaciones por presunta extorsión y posibles vínculos con estructuras criminales. El caso adquirió notoriedad nacional cuando Pedro Luis «N» logró escapar durante un operativo desplegado el mismo día en que rendía protesta como alcalde, aunque posteriormente fue reaprehendido.
Tenancingo: el expediente más inusual
En ese contexto aparece ahora el caso de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo.
A diferencia de los expedientes anteriores, la investigación no inició por una denuncia de corrupción, homicidio o abuso de autoridad. Comenzó con el reporte de un presunto secuestro.
El 31 de mayo de 2026, la alcaldesa fue reportada como privada de la libertad. La noticia generó una amplia movilización institucional y una inmediata condena pública. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la hipótesis inicial comenzó a cambiar.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los indicios reunidos apuntan a que el secuestro habría sido simulado como parte de un plan para justificar la desaparición de aproximadamente 40 millones de pesos del erario municipal.
La carpeta de investigación señala la presunta participación del esposo de la alcaldesa, José Roberto «N», de su cuñado Óscar «N» y de otros presuntos involucrados. Como resultado de las diligencias fueron detenidos Karla Valeria «N», Víctor Manuel «N» y Christian «N». Los dos primeros ya fueron vinculados a proceso por un juez, quien además les impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo para la investigación complementaria.
La Fiscalía solicitó audiencia para formular imputación contra Nancy Nápoles, diligencia prevista para el 9 de julio, mientras Morena inició un procedimiento interno para suspender sus derechos partidarios.
La alcaldesa rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política. Su defensa insiste en que demostrará la inconsistencia de la hipótesis ministerial.
Un cambio de época
Los expedientes de Zinacantepec, Santiago Tianguistenco, Toluca, Capulhuac, Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y ahora Tenancingo no describen el mismo delito ni responden a las mismas circunstancias. Cada uno deberá resolverse conforme a las pruebas y decisiones de los tribunales, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las personas involucradas.
Sin embargo, vistos en conjunto, revelan un cambio profundo en la vida pública del Estado de México. Durante años, la caída de un alcalde era una excepción. Hoy, las investigaciones contra autoridades municipales se han convertido en un fenómeno recurrente que atraviesa regiones, partidos políticos y formas distintas de ejercer el poder.
El expediente de Nancy Nápoles todavía no tiene un desenlace judicial. Lo que sí tiene ya es un lugar en esa historia. No inaugura una etapa. Representa, hasta ahora, el capítulo más reciente de una larga lista de alcaldes mexiquenses que pasaron del Palacio Municipal a los tribunales.
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