La empresa constructora del Viaducto Bicentenario, Aleatica (antes OHL México), insiste en que tiene validez legal la concesión que le otorgó el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto (2005-2011) para operar la vialidad elevada sobre la carretera México-Querétaro.
Esto, tras los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez de explotar el Viaducto de forma ilegal, mediante el cobro de peaje.
Al respecto, AD Noticias consultó al abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva más de una década luchando para que el Viaducto Bicentenario deje de ser operado por privados. A continuación te contamos en qué consiste este escándalo de corrupción y sus claves:
¿Una licitación pública, competida y al mejor postor?
En 2008, el Gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto (2005-2011) entregó una concesión a la empresa OHL para operar el Viaducto Bicentenario, una obra pública construida para disminuir el tráfico en la autopista México-Querétaro.
La FGR argumenta que dicha concesión es ilegal, pues le corresponde al Gobierno federal emitir permisos de explotación sobre vías generales de comunicación, según las leyes mexicanas. Permiso que nunca ha tenido esta firma española, consentida del peñismo.
Dos de los argumentos señalados por Aleatica, en un comunicado, es que esta obra se trató de una licitación pública y competida. Sin embargo, la firma solo tuvo dos competidores en el concurso: Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V. (Ideal, propiedad de Carlos Slim) y Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. (Conoisa, subsidiaria de Grupo ICA). Paulo Díez, además, apunta que cuando se evaluaron las propuestas, la de OHL fue la mejor calificada en el aspecto “estético”: Ganó 15 puntos, el máximo puntaje, por tener un diseño “respetuoso” del paisaje. Conoisa sumó 10 puntos, bajo el calificativo de ser una propuesta “voluminosa”.
Por último, Ideal no recibió ningún punto, pues su proyecto era “antiestético”, según la Secretaría de Comunicaciones local, encabezada entonces por Gerardo Ruiz Esparza.
“Eso fue suficiente para que OHL se ganara la licitación”, sostiene Díez. Gracias a este apartado, la empresa española sumó 70.5 puntos, mientras que Ideal solo obtuvo 68.6 puntos.
Concesión altamente reconocida… y cuestionada
Otro argumento presentado por Aleatica es que su concesión ha sido “altamente reconocida” y validada por múltiples dependencias. Pero desde 2011 ha sido cuestionada por el Gobierno federal.
El primero de agosto de 2011, Fausto Barajas Cummings, entonces subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envió un oficio a Ruiz Esparza sobre la concesión: «No se tiene constancia alguna en el sentido de que el gobierno del Estado de México cuente con concesión para explotar el derecho de vía federal», dice el oficio, enviado con copia a Peña Nieto.
Durante 2015, una serie de audios filtrados entre funcionarios mexiquenses y altos cargos de la compañía mostraron un presunto pacto para favorecer los negocios de la firma en el Estado de México. Esto motivó la dimisión del entonces presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza, exfuncionario del presidente José López Portillo.
Actores de impunidad
“Un robo”, refirió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la explotación de OHL México del Viaducto Bicentenario en un video difundido hoy por Paulo Díez. La llegada al poder de López Obrador supuso un revés en esta operación. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.
En 2020, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emprendió una evaluación de la concesión, con el objetivo de que la FGR iniciara un procedimiento de sanción contra el gobierno mexiquense y la empresa.
La administración de Alfredo del Mazo (2017-2023) argumentó que en 1983 el Gobierno federal le entregó al estatal un tramo de la autopista México-Querétaro. No obstante, solo se le cedió un ramal, pequeño en comparación con los 22 km del viaducto.
“Es un acta recepción firmada por Capufe [Caminos y Puentes Federales] y la Junta de Caminos del Estado de México, que en aquel entonces no formaba parte de la administración estatal”, explica el abogado.
No obstante, en octubre de 2020, la propia SICT firmó un convenio con el Gobierno del Estado de México, donde reconocen ambas partes “la validez y legalidad de (…) el otorgamiento del Título de Concesión”. “El convenio de la vergüenza, le digo”, comentó Díez Gargari al respecto.
En junio de 2023, la Secretaría reiteró su postura al validar la concesión de OHL: “El Viaducto Bicentenario es una vía de comunicaciones construida al amparo del Título de Concesión”, sostiene el documento, argumentado como prueba por Aleatica.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República y con Díez Gargari, Julio Scherer Ibarra, exconsejero del presidente López Obrador, fue la clave para este revés: “Él fue el titiritero de Aleatica en este caso”, expone.
En 2022, la FGR acusó a Scherrer de aprovecharse de su posición como consejero jurídico para frenar las investigaciones contra Aleatica y así asegurar impunidad por el caso del Viaducto Bicentenario.
Pese a ello, la Fiscalía no lo imputó a él ni a ningún servidor público federal en la última audiencia del caso. Tampoco ha imputado a ninguno de los colaboradores de Peña Nieto involucrados.
Pese a sobreseimiento, Díez se mantiene optimista
El miércoles 13 de marzo, el juez estatal Daniel Ramírez Peña concluyó que no existe delito que perseguir y ordenó dar carpetazo al expediente del Viaducto Bicentenario.
El sobreseimiento del juez dejó, de momento, intacto el derecho de Aleatica sobre la vialidad.
Pese a ello, Paulo Díez se mantiene optimista. “Hasta hace unos meses, nadie habría pensado que este asunto se iba a judicializar. Estas batallas están llenas de frustraciones porque el enemigo es poderoso. Siguen apoyados por Julio Scherrer. Pero no hay duda de que recuperaremos el Viaducto. No hay que rendirse ante los corruptos”, concluyó el abogado.