Alejandro Gómez Sánchez, el extitular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deja una institución con altos índices de impunidad y bajos niveles de confianza entre la población, donde la ciudadanía puede tardar más de cuatro horas en denunciar un delito, de acuerdo con el último Índice estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021.
Durante su cargo, el extitular de la Fiscalía enfrentó señalamientos de organizaciones como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en torno a que en esa institución se fabricaron delitos, se permitieron violaciones a derechos, hubo detenciones arbitrarias y no logró erradicar los actos de corrupción, ni estableció un cambio entre la extinta Procuraduría y la actual Fiscalía General de Justicia.
Además, su nombramiento tuvo señalamientos de cercanía política con el PRI, del presunto uso de la Fiscalía para perseguir adversarios; buscó sin éxito ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y ese órgano le ordenó en 2015 reabrir el caso emblemático de Mariana Lima, e investigarlo como feminicidio. La institución fue criticada por resistirse a aceptar el alto índice de feminicidios en la entidad.
A Gómez Sánchez lo designaron procurador mexiquense en 2014, durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y en 2016 —tras la reforma, a partir de la cual se cambió la Procuraduría por Fiscalía y se convirtió en órgano autónomo—, lo nombraron primer fiscal del Edomex, por un período de siete años.
Sin embargo, una de las críticas al exfiscal consiste en que no se asumió como titular de un órgano autónomo, pues se mantuvo como dependiente del Ejecutivo. De hecho, una de las observaciones de la Cuenta Pública 2020, por parte del Órgano Superior de Fiscalización tuvo que ver con que no ejerció su presupuesto, que todavía manejaba la Secretaría de Finanzas del Edomex.
Prácticamente a unas semanas de su llegada se registró la matanza de Tlatlaya, en junio de 2014: militares asesinaron a 22 personas en ese municipio del sur mexiquense. La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluyó al gobierno estatal, encabezado por el priista Eruviel Ávila, pidió capacitar al personal ministerial y pericial de la entonces Procuraduría; así como indemnizar y dar atención médica y psicológica a las víctimas, y determinar a las personas responsables de violaciones a derechos humanos.
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Índice de impunidad en Edomex
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 arrojó diversas conclusiones, entre ellas:
- La alta impunidad que persiste en el país y;
- El hecho de que los ministerios públicos mexiquenses tienen una alta carga de trabajo, y el alto tiempo de espera en ellos: el Edomex es la segunda entidad con el mayor porcentaje de delitos que tardaron más de cuatro horas en promedio en ser denunciados, con un 46.9 por ciento, solo por debajo de San Luis Potosí.
También mostró que el nivel de confianza en la Fiscalía mexiquense en 2021 se posicionó en 7.3 por ciento, uno de los más bajos a nivel nacional. Hay que aclarar que el índice destaca que en los últimos seis años, el nivel de confianza aumentó: de 4.4 en 2016 pasó a 7.3 por ciento en 2021, aun así fue la tercera con la calificación más baja del país.
En el porcentaje de efectividad, la Fiscalía mexiquense se ubicó debajo de la media nacional: mientras que la probabilidad de que un delito que se denuncia llegue a esclarecerse en México se encuentra en 1 por ciento, en la entidad es de 0.99 por ciento —en todas las Fiscalías la probabilidad se coloca por debajo del 3 por ciento—. Además, el Edomex también figuró dentro de los estados con mayor impunidad en homicidios dolosos durante el 2019 con el 92.8 por ciento.
Hay que añadir que en su último informe, de enero a diciembre de 2020 la Fiscalía General de Justicia reportó 341 mil 277 delitos denunciados, de estos 95 mil 568 de alto impacto; más de 71 mil 412 consistieron en robo con violencia y apenas de lograron cinco mil 249 sentencias condenatorias.
Escenario político
A Alejandro Gómez Sánchez también lo señalaron por una presunta cercanía con el PRI y el posible uso político de esa institución para perseguir a adversarios como Isidro Pastor, cuando en 2017 buscó ser candidato independiente a gobernador.
La Fiscalía dijo de Pastor que había incurrido en una presunta falsificación de documentos para apoyar su candidatura, motivo por el cual quedó fuera de la contienda, a pesar de que al menos otra candidata independiente también habría registrado inconsistencias, pero los partidos retiraron la queja en su contra.
En 2020 Acción Nacional en el Estado de México pidió a la Fiscalía General de Justicia de la entidad aclarar supuestas investigaciones por lavado de dinero contra Antorcha Campesina para determinar si utilizaron ese tema como presión política para que la organización permaneciera con el tricolor. Previamente, Antorcha había tenido pláticas con el PAN y advirtió, a través de sus liderazgos, que dejarían al Revolucionario Institucional, pero poco después se dió a conocer que la organización era investigada por supuesto lavado de dinero y decidió quedarse en el PRI.
En noviembre del 2021 el diputado de Morena Faustino de la Cruz denunció en la Legislatura mexiquense que la Fiscalía General de Justicia actuó en forma “facciosa” contra el ciudadano Paulo Díez Gargari, quien durante años ha denunciado supuestos actos de corrupción de la empresa Aleática, antes OHL.
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La empresa denunció al ciudadano, pero la Fiscalía, de acuerdo con el legislador, no dio acceso al imputado a la carpeta de investigación abierta en su contra por presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes, provocación de un delito, apología del delito y extorsión, antes de la audiencia inicial, derivado de la toma simbólica del viaducto Bicentenario en 2020.
Fabricación de delitos
La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, encabezada por el activista Humbertus Pérez Espinoza, acusó a la Fiscalía de fabricar delitos y de llevar a inocentes a prisión, entre otros, al propio Pérez Espinoza, acusado por delitos como robo con violencia, detenido en 2015 y liberado por orden de un juez en 2020.
Tras conocer la salida de Gómez Sánchez, Humbertus Pérez Espinoza reiteró que siempre denunciaron graves torturas y violaciones a derechos humanos por parte del ahora exfiscal; así como detenciones arbitrarias, tortura, fabricación de delitos y que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio nació muerto por la corrupción que prevalecía en la entonces procuraduría mexiquense.
Durante la gestión del exfiscal, también se detuvo al ambientalista Ildefonso Zamora en 2015; a él lo acusaron de supuesto robo, en un proceso con irregularidades y con testimonios casi idénticos. Amnistía Internacional lo declaró “preso de conciencia” y advirtió que podrían haberlo llevado a prisión en represalia por su lucha a favor de los bosques. Estuvo preso nueve meses en el penal de Tenancingo, hasta que un juez federal le concedió un amparo y ordenó su libertad, en agosto del 2016.
En 2019 la Fiscalía General de Justicia se desistió de las acusaciones contra las personas indígenas, defensoras del agua de Tlanixco, detenidas y acusadas por el delito de homicidio en contra de un empresario español, por defender su derecho al agua. Pese a no existir pruebas en su contra fueron sentenciadas a 50 años de prisión.
Alejandro Gómez Sánchez no logró ser ministro
En 2015 Alejandro Gómez Sánchez aspiró a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y compareció ante el Senado de la República, donde fue criticado por el entonces senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien acusó que el exfiscal durante toda su trayectoria actuó cercano a un grupo político del PRI y dudó que se preocupara por la defensa de los Derechos Humanos.
Le cuestionó, entre otras cosas, el feminicidio de Mariana Lima Buendía, la resistencia a aceptar la alerta de género y los feminicidios en la entidad mexiquense. Otros más dudaron de una posible actuación independiente al entonces Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.