Las bancadas parlamentarias de Morena y del Partido del Trabajo ya tienen prácticamente lista una iniciativa de Ley de Amnistía estatal que aplicaría a presos -procesados y sentenciados- por delitos no graves, que permita enmendar errores de justicia, en contra de presos políticos y quienes tuvieron procesos plagados de irregularidades.
Estiman que la iniciativa se presente hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en julio, por la emergencia sanitaria que vive todo el país, pero los documentos están casi listos, basados en la ley federal, con algunas adecuaciones para el caso mexiquense, donde además se vive un grave problema de sobrepoblación.
La ley aprobada a nivel federal aplica a los internos en centros federales, presos por delitos no graves.
En la bancada de Morena están trabajando en ese tema los diputados Gerardo Ulloa Pérez, Mariana Uribe Bernal, Max Correa Hernández y Liliana Gollas Trejo, para congeniar en un solo documento las propuestas que tienen los cuatro legisladores.
La Ley federal establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades la expedición de leyes de amnistía locales, por la comisión de delitos del fuero común similares, previstos legislaciones.
En este sentido, Gerardo Ulloa indicó que ya tienen las iniciativas, pero falta congeniar en un solo documento, pues existe un acuerdo en la fracción parlamentaria para ir adelante en ese tema, en el mismo tenor a la ley federal que entró en vigor esta semana.
Max Correa agregó que están trabajando, consultando algunas organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, algunas organizaciones de mujeres, de tal manera que puedan próximamente presentar la iniciativa, armonizada con la federal.
Por su parte, la bancada del Partido del Trabajo también trabaja en este tema. El coordinador de la bancada, Armando Bautista Gómez, dio a conocer que la están trabajando con el quien fue considerado preso político y recientemente recuperó su libertad, Humbertus Pérez Espinoza.
Dijo que se trata de ir más allá de atender a los sectores vulnerables, pues el objetivo es hacer justicia, aunque tarde, para quien no la tuvo, por lo cual trabajan un documento más amplio a la ley federal.
El coordinador del Partido Verde Ecologista, José Couttolenc Buentello consideró que seguramente tendrán que tratar este tema, pero por ahora y en los meses subsecuentes toda la energía debe estar enfocada a resolver las repercusiones de la pandemia, por ser un asunto de urgente necesidad.
Qué dice la ley
La ley aprobada a nivel federal aplica a los internos en centros federales, presos por delitos no graves.
Contempla a quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, que no haya tenido acceso a un debido proceso, ni contado con intérpretes o defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
La ley establece con claridad que no beneficiará a personas procesadas, ni sentenciadas por delitos graves como secuestro y homicidio.
También a los consumidores de narcóticos con cantidades de hasta dos dosis, o a quien los posea o transporte y sean personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, por su condición de exclusión y discriminación al tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de algún familiar o persona con la cual haya estado relacionado sentimentalmente, u obligado por la delincuencia organizada.
Otro supuesto es por el delito de robo simple, sin violencia; así como presos políticos acusados de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión del delito por razones políticas.
Además, por aborto, cuando se impute a la madre, a los doctores, cirujanos, parteras que hayan auxiliado, pero sin violencia, o a los familiares que hayan ayudado; y en casos de homicidio por razones de parentesco, cuando sea contra el producto de la concepción.
El proceso para acceder a la amnistía
Para acceder a la amnistía la persona interesada, su representante legal, familiar o un organismo defensor deberá solicitar a la comisión, que debe crear el Ejecutivo, la aplicación de la ley y ese órgano determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.
Tiene alcance para personas prófugas porque en ese caso la Fiscalía se desistirá de la acción penal.
Las solicitudes serán resueltas en un plazo máximo de 4 meses.
La ley establece con claridad que no beneficiará a personas procesadas, ni sentenciadas por delitos graves como secuestro y homicidio.
La ONU ha destacado esta aprobación y ha señalado que podría ser un primer paso para mejorar el sistema de justicia del país.