En el Estado de México, la amnistía se ha convertido en un mecanismo para corregir fallas en el sistema de justicia. Para acceder a este beneficio legal, vigente desde el 6 de enero de 2021, basta con acreditar una violación al debido proceso.
De acuerdo con Miguel Ángel Cruz Muciño, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la amnistía no determina si una persona es culpable o inocente, sino que busca restituir la libertad cuando hubo irregularidades en su juicio.
“No se trata de señalar culpables, sino de devolver la libertad a quien fue mal juzgado”, explicó.
Por eso, estos mecanismos implican cubrir la reparación del daño para subsanar a las personas.
¿Qué es la amnistía?
La amnistía es un mecanismo que permite revisar casos con sentencia firme cuando existen violaciones a derechos humanos durante el proceso penal, como:
• Falta de una defensa adecuada
• Ausencia de intérprete en personas indígenas
• Irregularidades en la investigación o juicio
Se trata de una última oportunidad para que el Estado corrija desequilibrios y permita a las personas regresar a la sociedad y reconstruir su vida.
Cifras en la entidad
Desde la entrada en vigor de la ley, la CODHEM ha conocido 3 mil 800 asuntos, que no sólo han incluido solicitudes de amnistía sino también opiniones consultivas que solicita la Legislatura.
A la fecha, 121 solicitudes de amnistía han entrado a trámite y se han emitido 27 pronunciamientos:
- 21 aprobados (16 mujeres y 5 hombres)
- 4 en análisis en el Poder Judicial
- 2 desechados
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¿Cómo se solicita?
La ley establece dos vías:
- Directamente ante el Poder Judicial, en delitos de bajo impacto
- Ante la CODHEM, en delitos de alto impacto, siempre que no haya reincidencia
“En la Comisión de Derechos Humanos cuando recibimos una solicitud de amnistía o nos enteramos de la misma a través de las visitas a los centros preventivos y de readaptación social, podemos iniciar estas investigaciones”, dijo el visitador
Solo pueden analizarse casos ocurridos antes del 6 de enero de 2021 que entró en vigor la ley.
¿Cómo es el proceso?
El análisis es exhaustivo e incluye:
- Revisión de expedientes judiciales
- Evaluación de la investigación ministerial
- Información del sistema penitenciario
- Opiniones de especialistas (psicólogos, médicos, antropólogos)
También se estudia el contexto de la persona, como condiciones de pobreza, marginación o pertenencia a pueblos originarios.
“Las dificultades que la persona ha enfrentado a lo largo de su vida, condiciones de pobreza o marginación, cuestiones que le limitaron el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y ese contexto es para saber si la persona tuvo alguna discapacidad, es parte de un pueblo originario, y que todas esas condiciones se hayan visto como un factor que incidió en fallas procesales o una escasa posibilidad de tener una defensa adecuada”, detalló Cruz Muciño.
Con base en ello, la CODHEM emite un pronunciamiento que se envía al Poder Judicial, instancia que toma la decisión final.
“Se busca que analicen la postura que puede poner sobre la mesa la evidencia de fallas respecto de la atención de derechos humanos, derechos procesales y les permitan a los juzgadores, la reflexión y la posibilidad de reivindicar a estas personas el derecho a la libertad y el derecho de regresar a la sociedad con sus personas queridas”, explicó el segundo visitador.
No sólo son para grupos vulnerables
Las amnistías no están dirigidas únicamente a grupos vulnerables. También pueden ser solicitadas por personas que enfrentaron un proceso penal sin comprenderlo plenamente o que no contaron con una defensa adecuada para presentar pruebas o apelar.
En estos casos, basta con acreditar violaciones al debido proceso para acceder a este beneficio.
Sin plazos fijos
No existe un tiempo determinado para resolver una solicitud, aunque el proceso puede tardar entre siete meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso.
La reincidencia en el delito invalida la posibilidad de acceder a este beneficio.
Un proceso técnico, no político
Cruz Muciño subrayó que la amnistía no se otorga por presión social, sino mediante un análisis jurídico profundo.
Si bien reconocen la desesperación de familiares, advierte que liberar a una persona implica una alta responsabilidad.
“Es entendible que luego de más de 20 años por la lucha por la defensa de la libertad, los familiares tengan desesperación, pero se debe entender que la amnistía implica un proceso de reflexión jurídico profundo, con una gran responsabilidad de los grupos privados que están apoyando, pero de las instituciones también para efectuar un análisis serio, sólido, profundo y con gran responsabilidad social, porque el hecho de determinar que una persona reingrese a la sociedad implica una gran responsabilidad”, explicó.
Situación actual de las amnistías
Ante el aumento de solicitudes, el diputado Octavio Martínez Vargas propuso crear una Comisión Legislativa de Amnistía que permita:
- Recibir y analizar solicitudes
- Dictaminar y someter a consideración del Pleno dichas solicitudes
- Valorar violaciones a derechos humanos
- Emitir dictámenes para su aprobación
La iniciativa también plantea ampliar los supuestos de amnistía, incluyendo casos de aborto y fallas en el debido proceso.
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