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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró nuevamente a favor el martes de que se celebre una consulta pública sobre un posible juicio a varios de sus antecesores por presuntos actos de corrupción, mientras en las calles sus simpatizantes recababan firmas para que se convoque la votación.
Aunque dice ser partidario de una política de punto final respecto a administraciones pasadas, el mandatario ha recalcado su interés en celebrar el referéndum, un plan que mencionó desde su investidura en diciembre de 2018 y que podría materializarse en 2021, cuando hay elecciones locales y legislativas.
«He propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad, y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo», dijo durante el informe de su segundo año de gestión, para aclarar que votaría en contra pero respetaría el resultado en las urnas.
El tema ha cobrado fuerza después de que en agosto se filtrara a la prensa una denuncia del exdirector de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya ante la fiscalía general, la FGR, con acusaciones contra los exgobernantes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas.
Según la legislación mexicana, pueden pedir la consulta los ciudadanos, con las firmas del 2% del padrón (alrededor de 1.8 millones de personas), el Congreso a través de una ley o el propio mandatario mediante una solicitud directa, posibilidad que López Obrador no descarta.
En la capital, grupos afines al Gobierno recolectan apoyos para que «cualquier persona que ocupe cualquier cargo se castigue y se juzgue como cualquier otra persona», dijo a Reuters Berta Romero, una funcionaria, al firmar a favor de la iniciativa.