Amnistía Internacional acusó el miércoles a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el covid-19 de alimentar una «crisis de derechos humanos sin precedentes» y pidió que se suministren 2 mil millones de dosis a los países pobres.
En un informe titulado «Una doble dosis de desigualdad: las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas covid-19», la oenegé afirma que la mayoría de las empresas farmacéuticas no dan prioridad a los países más pobres.
La publicación se produce antes de una cumbre mundial sobre vacunas que se celebrará el miércoles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió anunciar compromisos adicionales para vacunar a los países menos desarrollados del mundo.
«Vacunar al mundo es nuestra única forma de salir de esta crisis. Debería ser el momento de aclamar a estas empresas, que han creado estas vacunas con tanta rapidez, como héroes», declaró la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, en un comunicado.
«Pero en cambio, para su vergüenza y nuestro dolor colectivo, el bloqueo intencionado de la transferencia de conocimientos por parte de las grandes farmacéuticas y sus maniobras a favor de los estados ricos han creado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros.»
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La oenegé analizó las políticas de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y Novavax –cuya vacuna aún no está aprobada– en materia de derechos humanos, precios, propiedad intelectual, intercambio de conocimientos y tecnología, asignación de dosis y transparencia.
Concluyó que «en diversos grados, los seis creadores de vacunas han incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos».
De los 5.760 millones de dosis administradas, solo el 0,3% se destinó a países de renta «baja», mientras que el 79% se destinó a países de renta «media-alta» y «alta», según la oenegé.
Pfizer, BioNTech y Moderna planean obtener un total de 130.000 millones de dólares de beneficios para finales de 2022, según Amnistía, que afirma que «los beneficios nunca deberían estar por encima de las vidas».
Amnistía Internacional pide a las empresas y a los gobiernos que «cambien el rumbo» y proporcionen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medios.