El Gobierno del Estado de México aprobó una bolsa de 756 mil 85 pesos para cubrir el pago de reparación del daño a favor de diversas víctimas del delito. Esta medida, avalada durante la Primera Sesión Ordinaria del Fondo de Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), permitirá de manera simultánea que 10 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en situación de vulnerabilidad económica accedan a su liberación.
El beneficio jurídico y los requisitos
A través de la aprobación de ocho solicitudes específicas, los internos beneficiados podrán cumplir con el requisito económico que por ley les impedía obtener su libertad, con este pago cubierto por el Estado, los reclusos tendrán acceso a beneficios jurídicos como:
- Libertad anticipada
- Libertad condicionada
- Amnistías
El Encargado del Despacho del IDP, José Carlos Neira Cruz, precisó que las reglas de operación de este fideicomiso establecen un monto máximo de 300 mil pesos por persona. Para la asignación de los recursos, un Comité Técnico evalúa cada caso bajo criterios de transparencia y responsabilidad.
Justicia social y combate a la desigualdad
La dependencia estatal, adscrita a la Consejería Jurídica, detalló que este fondo funciona como una política pública de la administración estatal para derribar las barreras económicas en el sistema penitenciario. La iniciativa busca que la falta de recursos no sea un impedimento para la reinserción social de internos que ya cumplieron con sus requisitos jurídicos procesales.
Finalmente, las autoridades reiteraron que el mecanismo cumple con un doble propósito: garantiza de forma inmediata el derecho de las víctimas a recibir la compensación económica fijada por los jueces, y promueve una justicia de corte humanista para los sectores más desfavorecidos de la entidad.
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