Toluca, Estado de México; 10 de septiembre de 2019.- Las autoridades municipales son el vínculo de proximidad más cercano a la comunidad, por tanto, deben garantizar el derecho humano a la seguridad pública a través de la correcta aplicación de la Guía Nacional de Cadena de Custodia y contribuir así a la justicia y la erradicación de la impunidad, afirmó el primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), José Benjamín Bernal Suárez.
A nombre del ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García, el primer visitador general dijo a las personas defensoras de derechos humanos y a titulares de seguridad pública de los 125 municipios de la entidad, que estos conocimientos son de la mayor importancia pues los gobiernos municipales son los primeros respondientes en hechos presumiblemente delictivos, se destaca a través de un comunicado del organismo.
Con la presencia de la alcaldesa de Melchor Ocampo, Miriam Escalona Piña, y del presidente municipal de Tequixquiac, Gilberto Ramírez Domínguez, Bernal Suárez enfatizó que la reforma constitucional del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 2008, señala la obligación de las autoridades de seguridad pública para manejar de manera adecuada la prueba de cadena de custodia, aplicada a objetos, indicios o elementos materiales probatorios que puedan servir en las etapas del procedimiento penal.
Bernal Suárez detalló que la Carta Magna en sus artículos 1º al 29 exige a todas las autoridades y a las personas servidoras públicas que en el ámbito de sus atribuciones, sean agentes de cambio que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos; de ahí la importancia de la capacitación en esta materia que mucho abona a la justicia en nuestro país.
Por su parte, la especialista Judith Yasmín Martínez Romero, explicó que el objetivo de la Guía Nacional de Cadena de Custodia es garantizar la autenticidad de los indicios por medio del control y elaboración de registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia para incorporarlos como elementos de prueba en el proceso penal y con ello, evitar la pérdida de elementos o pruebas.
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