La Corte federal del Distrito de Massachussets, encargada del litigio iniciado por el Gobierno de México en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas a México, emitió el 17 de septiembre de 2021 una orden mediante la cual aprueba el calendario propuesto por las partes para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones exteriores emitido este domingo las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes.
Cumplido ese plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022.
Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que por conducto de la Consultoría Jurídica, seguirá coordinando a las dependencias y entidades federales mexicanas competentes para dar seguimiento a este importante litigio y actuar oportuna y contundentemente en defensa de los intereses del Estado mexicano.
La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.
Autoridades mexicanas señalaron que la producción de armas en Estados Unidos, y su tráfico ilegal hacia México, está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento termina en manos de los cárteles de la droga y grupos criminales.
Más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos y entre el 70% y el 90% de las armas aseguradas en escenas criminales han sido traficadas ilegalmente desde ese país, aseguró el gobierno mexicano en su demanda.
Con información de Animal Político