El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma que elimina las “pensiones doradas” de exfuncionarios. Con 116 votos de senadores a favor, se estableció que no podrán ser mayores al 50 % de la remuneración de la presidenta o el presidente de la nación.
Ahora, el dictamen pasa a la Cámara de Diputados.
¿Qué establece la reforma?
Durante la presentación, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, mencionó que busca evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas, financiadas con recursos del pueblo.
La reforma se realiza al Artículo 127 Constitucional para que las pensiones de altos mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y empresas de participación estatal mayoritaria no podrán exceder del 50 % de la remuneración que percibe la o el titular del Ejecutivo federal.
También es establece que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, todas las jubilaciones o pensiones otorgadas con anterioridad deberán ajustarse a ese límite.
Impacto en el gasto público
Durante la sesión, el senador de Morena, Saúl Monreal, sostuvo que las pensiones representan gatos de gran magnitud frente al promedio nacional.
En México, una pensión promedio está entre 6 676 y 8 400 pesos mensuales, pero hay casos en el sector público donde se asignan 340 000 y hasta un millón de pesos al mes con cargo al erario.
Mencionó que hay padrones de jubilados como el de Luz y Fuerza del Centro, con 14 073, por los cuales el Estado paga 28 074 millones de pesos al año.
Así mismo, en Petróleos Mexicanos (PEMEX) hay un padrón de 22 316 personas jubiladas del régimen de confianza, lo que representa un costo anual de 24 844 millones de pesos.
Además de la Comisión Federal de Electricidad, que cuenta con 54 000 extrabajadores y representan 40 950 millones de pesos anuales.
De acuerdo con lo expuesto en la discusión, se estima que el ahorro con esta reforma será de 5 000 millones de pesos al mes.
Aunque opositores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor, puntualizaron que la eliminación de las “pensiones doradas” debe extenderse a toda la administración pública y que la cotización sea a partir de las Unidades de Medida de Cuenta (UMA).
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