El Senado aprobó este miércoles una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que endurece las disposiciones contra la piratería, la falsificación y determinados usos fraudulentos de la identidad institucional.
Durante la discusión política, la reforma fue bautizada como “Ley Antimemes”. El nombre terminó por dominar la conversación pública, aunque no describe lo que establece el texto aprobado.
El dictamen recibió 72 votos a favor y 34 en contra. Morena, PVEM y PT respaldaron la reforma; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano concentraron sus objeciones en el artículo 403 Bis y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
El punto central está precisamente en ese artículo.
La disposición establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para determinados usos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, documentos o signos oficiales.
Pero no basta con reproducir un logotipo gubernamental.
Para configurar la conducta prevista en el artículo deben concurrir elementos adicionales: que el uso se realice a escala comercial, que busque inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma, documento, servicio o sistema y que exista la intención de cometer un ilícito.
¿Prohíbe los memes?
No.
El texto aprobado no establece como delito elaborar o difundir memes, tampoco prohíbe expresamente la sátira, la parodia, la caricatura política o la crítica al gobierno.
La confusión tiene un origen. La redacción inicial del artículo 403 Bis era más amplia y contemplaba penas de tres a siete años. Las críticas surgidas durante el proceso legislativo llevaron a modificarla y reducir la pena a un rango de uno a cinco años, además de precisar las condiciones bajo las cuales se configuraría la conducta.
La diferencia no es menor.
Utilizar la imagen de una dependencia pública para hacer una caricatura o ridiculizar una decisión gubernamental no reúne, por ese solo hecho, los elementos establecidos en el tipo penal.
Otra cosa es reproducir la identidad gráfica de una institución para hacer pasar una página, documento, comunicación, plataforma o servicio como gubernamental y utilizar ese engaño para cometer otro ilícito.
Ese es el supuesto que busca alcanzar el artículo 403 Bis.
El debate que sí existe
La discusión sobre libertad de expresión no es inexistente, pero debe colocarse en sus términos.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que el texto no excluya expresamente al periodismo, la sátira, la parodia, la caricatura política y otras expresiones de interés público. Desde esa posición argumentaron que una redacción más explícita reduciría el margen para interpretaciones expansivas.
Morena y sus aliados sostuvieron que las condiciones incorporadas al tipo penal son suficientes para distinguir una expresión crítica o humorística de una conducta dirigida a engañar y cometer un ilícito.
Son dos interpretaciones jurídicas y políticas sobre el alcance de la disposición.
Lo que el texto aprobado no permite sostener es que el Senado haya convertido los memes en delito.
¿Qué busca combatir la reforma?
La modificación forma parte de un paquete más amplio en materia de propiedad industrial y endurecimiento de las disposiciones contra piratería, falsificación y otras conductas relacionadas con el uso ilícito de bienes protegidos.
En el caso específico de la identidad institucional, el problema adquiere otra dimensión en internet: sitios, documentos, mensajes o plataformas que reproducen elementos gráficos gubernamentales para aparentar una procedencia oficial.
La frontera está en la conducta y su finalidad.
Una cosa es imitar para hacer sátira; otra, imitar para engañar y cometer un ilícito.
La expresión “Ley Antimemes” mezcló ambos escenarios y terminó convirtiéndose en una definición política de una reforma cuyo contenido jurídico es distinto.
El debate relevante queda entonces en otro lugar: si la redacción del artículo 403 Bis contiene garantías suficientes para impedir interpretaciones que alcancen expresiones legítimas o si, como sostiene la oposición, esas excepciones deberían quedar escritas expresamente.
Eso podrá discutirse jurídicamente.
Lo que aprobó el Senado no fue una prohibición de los memes.
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