Las comisiones de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior la noche de este miércoles, y están a la espera de que el pleno del Senado la apruebe este jueves o a más tardar mañana 15 de diciembre, fecha en que acaba el periodo de sesiones. Lo anterior a pesar de que diversas organizaciones de la sociedad civil, la CNDH, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las organizaciones #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva emitieron declaraciones y recomendaciones para la abstención de la aprobación de esta ley.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, la priista Cristina Díaz, indicó que las modificaciones a los artículos de la Ley de Seguridad Interior garantizan el respeto de las garantías individuales de los mexicanos, y que la puesta en marcha de esta legislación obedece a la situación de violencia del país:
“Sus actividades [de las Fuerzas Armadas], se han visto limitadas por la falta de un marco normativo que regule las acciones que pueden realizar en tiempos de paz. La última década en nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública, y que pone en riesgo la seguridad interior. Diversos problemas tales como el narcotráfico y delitos que de él se desprenden, el tráfico de armas y homicidios han acabado con la tranquilidad con muchas de las regiones de México”.
Precisamente ese es el pretexto de los senadores “golpistas” para aprobar la tan controvertida ley. La inseguridad y la falta de competencia de las fuerzas de seguridad civiles. Pero la ola de inseguridad se desató desde que el gobierno del panista Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó al Ejército a las calles, y se profundizó por la ineficacia del Estado en brindar seguridad pública y en combatir la corrupción.
Algunos académicos y analistas políticos entienden a esta legislación en el marco del proceso electoral del siguiente año. Ante un posible escenario de descontento social ante un fraude electoral, las movilizaciones de la sociedad civil se harán presentes en todo el país. Para controlar y sofocar estas protestas, dicen los especialistas, los senadores priistas y gran parte de los panistas buscan aprobar “fast track” la ley.
“Es inaudita la forma en la que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, indicó a Aristegui Noticias Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México.
Edgardo Buscaglia, analista político argentino, mencionó a Proceso que “Es una ley [la de Seguridad Interior] que pretende justificar legalmente las prácticas abusivas. Es una ley que no tiene controles políticos adecuados para el presidente a la hora de declarar la intervención de un estado o de un municipio. Es una ley que no tiene controles judiciales adecuados, donde el fiscal está ausente del control de los operativos militares”, e indicó que el artículo 2 de la ley es “muy parecido al de Benito Mussolini en los años treinta en la dictadura italiana”.