Enrique Irazoque ––titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)–– reveló que cerca de 141 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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Al presentar, en conferencia de prensa, un balance del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque explicó que van 47 homicidios de periodistas y el 61% se concentran en los estados de Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Edomex y Oaxaca.
Para las personas defensoras de derechos humanos, suman 94 homicidios de los cuales el 67% han sucedido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
Además, de los 47 periodistas asesinados, solo han dictado sentencia en 5 casos (10.63%), mientras que en el caso de los 94 defensores asesinados únicamente en 2 casos.
Los periodistas asesinados laboraban en las fuentes policiales, seguridad, política o investigaban temas de corrupción, mientras que los defensores trabajaban en pro del medio ambiente, de pueblos indígenas y violencia de género.
Personas adscritas al Mecanismo de Protección
Enrique Irazoque explicó que suman mil 506 personas adscritas al Mecanismo de Protección y quienes más denuncian ante el mecanismo son mujeres de derechos humanos:
• 495 personas periodistas: 136 mujeres y 359 hombres
• 1011 personas defensoras: 543 mujeres y 468 hombres
El 54% (271) de los periodistas incorporados provienen de 6 estados: CDMX (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo(41), Sonora y Veracruz (26). El 57% (583) de defensores son de la CDMX (126), Oaxaca (123), Chiapas (93); Michoacán (92), Jalisco (79) y Edomex (70).
Irazoque Palazuelos afirmó que se intensificará la protección hacia los casos vigentes y a los que se sigan presentando. Además de generar protocolos estrictos de seguridad que deban atener las personas beneficiarias del mecanismo.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez mencionó que se realizarán acciones necesarias para mejorar la protección de las y los periodistas y defensores de derecho humanos, mejorando la coordinación de las autoridades locales, quienes son las encargadas de garantizar la seguridad.