Indudablemente que el “sistema” es responsable por propiciar la corrupción en el profesorado, por propósitos y temores políticos, pero también es cierto que hay corresponsables, carentes de ética y profesionalismo que al ser beneficiarios directos dañan la imagen de los docentes.
Los datos publicados del censo de INEGI, sin contemplar información de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, por la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aporta información para el análisis, en los que destaca el número de trabajadores de la educación detectados, que asciende a 2,247,279, de los que sólo 978,118 son profesores de grupo. Existen 113,269 docentes que cobran y no son localizables en sus centros laborales, hay 30,695 identificados como comisionados sindicales, que también reciben su salario, sin que se especifique si todos constan en una toma de nota emitida por la autoridad registradora, docentes “desaparecidos”, son 39,222 y entre jubilados, retirados y fallecidos suman 114,998.
En cuentas de la ONG “Mexicanos Primero”, cúpula empresarial empeñada en dañar la imagen del docente y de la escuela pública, aseguran que el costo de docentes no localizables en sus centros laborales, “desaparecidos” y jubilados, retirados y fallecidos, asciende entre 20 y 30 mil millones anuales.
Es de conocimiento público, que para la liberación de un salario entre los maestros en el Estado de México, es requisito indispensable la famosa FUM, formato único de movimientos, que procede cuando contiene las firmas autorizadas, las que suelen ser del titular en turno, caso contrario no se eroga recurso alguno; los aviadores, los comisionados y demás clasificación no se autogeneran, su existencia tiene corresponsables.
Los que viven y medran directamente de esta corrupción, los que no la denuncian, y los que la aceptan y pudiendo combatirla, no la combaten, son corresponsables, lo que es sancionable desde la Ley de Responsabilidades, que establece la obligación de abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores Estatales o Municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o Municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación o sus Municipios.
Es más claro que el agua, basta de echarle la culpa al maestro, tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata, no podemos ser omisos en las reflexiones.
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