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En este 2020 se cumplen 14 años de la represión de San Salvador Atenco, evento trágico en el que elementos de la entonces Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la policía municipal, arremetieron en contra de algunos habitantes de este pueblo, quienes eran militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN. Todos los agredidos se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en el municipio de Atenco.
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Todo inicio el 3 de mayo del 2006, cuando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con los policías estatales quienes pretendían desalojar a un grupo de vendedores de plantas y flores del mercado municipal.
Durante el intento para liberar la carretera Lechería-Texcoco, los policías empezaron a detener a los pobladores, la situación empeoró cuando un joven de 14 años de edad murió por un impacto de bala de los uniformados, lo que motivó que el FPDP mantuviera retenidos en el auditorio Emiliano Zapata a 11 policías.
Al siguiente día, 4 de mayo más de 3 mil elementos de la Policía del Estado de México y la Policía Federal Preventiva llegaron a San Salvador Atenco y se enfrentaron una vez más con integrantes del FPDP.
Con equipo antimotines, los elementos policiacos liberaron sus compañeros, destruyeron el auditorio y la calle calle Florida se convirtió en el escenario de una brutal represión.
El saldo fue de dos personas muertas, decenas de mujeres abusadas, más de 200 personas resultaron detenidas, decenas de pobladores golpeados y humillados; decenas de casas cateadas y destrozadas.
De los 200 detenidos, 189 fueron ingresados al Penal de Santiaguito, nueve fueron remitidos al Consejo Tutelar Quinta del Bosque, en Zinacantepec, y dos más fueron llevados al penal federal de La Palma; además, se reportó que cinco extranjeros fueron deportados arbitrariamente.
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Pero, lo más grave fue la larga lista de violaciones a los derechos humanos: mujeres violadas y torturadas, detenidos golpeados durante los traslados a los penales, humillaciones, amenazas, vejaciones e incomunicación a los detenidos fueron los delitos cometidos por los policías.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una denuncia recibida en abril de 2008, y después de años de estudio, presentó el caso el 27 de septiembre ante la Corte IDH, pues aseguró que la detención de las 11 mujeres que presentaron la denuncia fue ilegal y arbitraria y considera:
- “Acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica», incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación en el caso de siete de ellas.
- Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales.
- El Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
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En el informe de admisibilidad de la Comisión se afirma que las víctimas reportaron haber sufrido, por parte de los policías, violación por vía oral y vaginal con dedos y otros objetos, tocamientos en los genitales y pellizcos y mordidas en los senos.
Algunas eran periodistas y estudiantes que fueron a cubrir las protestas, una era médica y fue a atender a los heridos, y otras estaban de compras en el mercado de Texcoco.
Algunas simplemente iban caminando por la calle, de acuerdo a una reciente investigación de The New York Times, en la que algunas de las mujeres víctimas de este delito hablaron públicamente por primera vez.
En 2012, once mujeres interpusieron una demanda en contra del Estado mexicano por ejercer estas violaciones.
A pesar de las demandas levantadas frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que gracias a la presión internacional reabrió el caso en el 2012, en el Estado de México no ha habido castigo a los responsables materiales e intelectuales de dicha brutalidad.
Atenco es uno de los ejemplos más claros de la manera en que el Estado ejerce la violencia para aleccionar a aquellos hombres y mujeres que deciden alzar la voz en contra de la expropiación y el desalojo del gobierno para darle paso a las empresas transnacionales.
Este hecho, que aún sigue generando cuestionamientos a nivel internacional, forma parte de los escándalos de violencia del Estado mexicano en la violación de los derechos humanos, pues demuestra la impunidad y la colusión de los distintos niveles del poder, que colaboraron de forma intelectual y material, para frenar el descontento popular.
La situación de violencia que pasó en Atenco no es algo que se aleje con los años, sino que de forma contraria esta violencia se repite de forma constante en el operar del Estado para eliminar la protesta social.
A 14 años de los hechos de la represión social, detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura- incluida la tortura sexual-, por fuerzas policiales estatales y federales, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, no se ha avanzado en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2018, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Projil).
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*Con información de BBC, La Jornada, Cultura Colectiva y rebelion.org