Este viernes 26 de diciembre se definirá la situación jurídica de los dos custodios detenidos con 37 millones de pesos en efectivo, así como con armas de fuego y cartuchos, tras su aseguramiento en el municipio de Naucalpan.
La audiencia de formulación de imputación se llevará a cabo pasado el mediodía en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, donde un juez determinará si los detenidos son vinculados a proceso o si se modifica su situación legal, de acuerdo con reportes de Digitalmex y Milenio.
Hasta ahora, Grupo Águila Bicéfala de Transportes, S.A. de C.V., empresa que reclamó la propiedad del dinero asegurado, no ha logrado acreditar formalmente su procedencia ante las autoridades, por lo que los 37 millones de pesos continúan bajo resguardo de la justicia estatal.
La empresa involucrada y la postura de la defensa
La empresa señalada es Grupo Águila Bicéfala de Transportes, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Francisco Javier Castillo Farías, según documentos oficiales. La compañía ofrece servicios de seguridad privada, protección de personas y bienes, así como traslado de valores, tanto en modalidad especial como de vigilancia.
Su domicilio matriz se localiza en Norte 77 número 3112, colonia Obrero Popular, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, y, de acuerdo con el registro del Gobierno de México, no cuenta con sucursales registradas. Fue fundada en 2005, durante la administración de Enrique Peña Nieto en Tlalnepantla, y ha prestado servicios a gobiernos locales del Estado de México y de la Ciudad de México.
Entre sus antecedentes figura un contrato con la Alcaldía Álvaro Obregón para brindar seguridad privada en parques, con 138 elementos y cinco supervisores, vigente del 30 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar la suficiencia presupuestal. Dicho contrato establece la obligación de contar con personal uniformado, equipo autorizado, bitácoras de supervisión y permisos vigentes.
Para medios de comunicación, Luis Enrique Sánchez, abogado del caso, sostuvo que los custodios detenidos cuentan con más de cinco años de relación laboral formal con la empresa. Afirmó que la compañía opera en regla, con permisos vigentes, y que el caso se ha “mediatizado” sin que —según su versión— existan pruebas que los vinculen con organizaciones criminales.
El defensor aseguró que la detención, ocurrida en Lomas Verdes, fue ilegal, y señaló que existen contratos, hojas de ruta y permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las armas que portaban. También afirmó que el dinero tiene procedencia lícita, aunque no presentó públicamente documentación que lo acredite.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México mantiene las investigaciones abiertas y será el juez quien determine, en audiencia, la validez de los argumentos de la defensa y la situación legal de los dos custodios
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