Las denuncias por maltrato animal aumentaron hasta cincuenta por ciento durante el último año en el Estado de México. La cantidad de casos que se presentan ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) creció de forma exponencial desde el año 2019.
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De enero a noviembre del año en curso, se denunciaron 516 casos por maltrato animal, 79 casos más que el año anterior; y 429 casos más que el año 2019. De esta forma, en los escritorios del ministerio público se sumaron 87 denuncias durante 2019; 337 en 2020 y 516 denuncias de enero a noviembre de 2021.
Se trata de 940 casos en menos de tres años, de los cuales solo 28 se han logrado judicializar, es decir, se han llevado ante un juez con la intención de iniciar un proceso penal en contra de los supuestos responsables. En esos mismos tres años, las autoridades solo han logrado que un juez dicte vinculación a proceso en 14 ocasiones. Y de acuerdo a datos otorgados por la FGJ vía transparencia, las sentencias condenatorias fueron escasas: una en 2019 y dos más en 2020; de enero a noviembre de 2021 se registró un fallo que fue absolutorio.
Buenas intenciones en papel
La incidencia de este delito va en aumento a pesar de los intentos de la legislatura local por endurecer las penas en contra de los responsables.
En julio de este año, el Congreso del Estado de México aprobó penas de hasta nueve años de cárcel a quien cometa maltrato y abuso sexual de animales, donde la prolongación de la agonía resulta un agravante. También castiga a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales; y aumenta la pena en caso de que el crimen sea fotografiado, videograbado y/o difundido.
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Esta modificación en el Código Penal ocurrió en el mes de julio, luego de que se viralizó el caso de Silver, un perro asesinado con palos y cuchillos por varios integrantes de una familia, en el municipio de Tlalnepantla. Ese mes la Fiscalía registró 45 denuncias por maltrato animal; al mes siguiente fueron 84 casos, 80 más en septiembre, y 64 en octubre. Al parecer, la aprobación desde la Legislatura para el aumento en las penas de prisión no disminuyó la incidencia, aunque también pudo haber fomentado la denuncia ciudadana.
Silver no es el único que llega al espacio legislativo después de causar indignación en la sociedad. El caso de Mati, una perrita que en enero de 2020 fue violada y asesinada en el municipio de Nezahualcóyotl, llegó al Senado de la República como estandarte para aumentar las penas privativas de libertad a quien cometa crímenes contra animales. Sin embargo, las mismas propuestas se han realizado en años anteriores sin que el panorama mejore.
Aunque en todo el Estado de México existe el maltrato animal, los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Almoloya de Juárez, son los que tienen mayor incidencia, según datos oficiales.
Una vinculación a proceso y la sentencia
Una de las dos sentencias condenatorias conseguidas en 2020 fue por el caso de Mati. Un hombre identificado como Martín fue sentenciado a un año de prisión, una reparación del daño de 16 mil pesos, y una multa de ocho mil pesos por abusar sexualmente y causar la muerte a la perrita, quien vivía en las calles de Neza, en el Estado de México. Sin embargo, la sentencia no ha evitado que surjan nuevos casos en el municipio.
El pasado 27 de noviembre, luego de que un video se hiciera viral en redes sociales, la Fiscalía dio a conocer la detención de un policía estatal que disparó su arma de fuego contra una perrita que amamantaba a sus cachorros.
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Por otro lado, el caso de Silver es uno de los pocos que llegan a salas del Poder Judicial, gracias a que el video del ataque y su muerte se viralizó en redes sociales. El pasado tres de agosto, una mujer y un hombre fueron vinculados a proceso, acusados de golpear y privar de la vida a Silver, en la azotea de su propia casa, en una colonia de Tlalnepantla. Este fue uno de los siete casos en los que un juez ordenó la vinculación a proceso en el año en curso; lo que significa poco más del uno por ciento del total de denuncias recibidas en los once meses del 2021.
Propaem recibe aún más denuncias
Existen diferencias entre las cifras de la Fiscalía General de Justicia y de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de México (Propaem). Aunque ambas dependencias pueden recibir las quejas, finalmente deben llegar ante la FGJ para que se pueda iniciar un proceso penal en contra de los responsables, en tanto la Propaem tiene la facultad de imponer sanciones económicas que pueden llegar a los 400 mil pesos.
En 2019, mientras la Fiscalía registró 89 denuncias, la Propaem recibió 876. De enero a septiembre de 2020, la Procuraduría recibió 728 denuncias, mientras que a la Fiscalía llegaron 254 casos en el mismo periodo.
