No es un tema nuevo. Más o menos cada lustro se da la misma discusión: ¿la tarifa del transporte de pasajeros en la entidad es adecuada, es baja o debe incrementarse? La gente nunca va a aceptar un incremento, los concesionarios siempre hablarán de un negocio no rentable y la autoridad se ve apremiada por encontrar la manera de no generarse un problema social o político.
El problema social consistiría en protestas, manifestaciones y rechazo popular a un incremento. Desde luego, al menos en el Estado de México, no hay antecedentes históricos de movilizaciones populares prolongadas por dicho tema. Más bien se trata de un malestar que la gente se guarda y que luego lo “cobra” en temporada electoral. Se convierte en un “trapito” que se le guarda a la autoridad para “sacarlo al sol” en la siguiente elección. Aunque ahora hay un colectivo que trata de movilizar gente para rechazar los amagos de aumento, es previsible que se trate de algo temporal que en unas cuantas semanas se diluya.
Por el lado de los concesionarios, esgrimen —como es costumbre— estudios detallados según los cuales la tarifa vigente ha dejado de hacer rentable el transporte de pasajeros. Desglosan a detalle el gasto en combustible, salario, mantenimiento y seguros, y dicen que apenas les alcanza para mantener circulando las unidades, sin mencionar las utilidades. Desde luego, eso nunca va a ser del todo cierto, porque, ¿qué empresario se mantendría en un negocio que no deja utilidad? Siempre estimarán que es posible sacar más y, por ello, una tarifa nunca los va a satisfacer por completo.
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La autoridad dice escuchar a todas las partes involucradas, también muestra sus estudios técnicos, se sienta a la mesa con los concesionarios y dice ser sensible a la molestia de la población, pero tiene que decidir. El aparente dilema es si autorizar el incremento o no, decidir de cuánto y socializar la decisión de tal manera que no sea «tan mal recibida» por el usuario.
Y, luego, están las personas; los individuos de carne y hueso que protagonizan la relación social chofer/pasajero. Sí, los que se ven cara a cara cuando uno cobra y conduce, y el otro aborda y pide la parada. Ellos son los verdaderos protagonistas de todo este embrollo. Son el rostro del problema. Los choferes pueden ser malencarados, prepotentes, imprudentes o no tanto; quizá sean amables, mantengan cuidada su unidad y conduzcan con precaución. Los pasajeros pueden ser un ama de casa, un obrero, una estudiante o un anciano. Tienen necesidades diferentes, apremios distintos, itinerarios y dinámicas variopintas. Pero todos van a bordo, conviviendo, compartiendo vistas, olores y riesgos.
Por tratarse de una relación social, de una actividad común, colectiva, compartida y cotidiana, es una responsabilidad de la autoridad. Sí, el Estado es el responsable último de ello. No siempre se asume así. A veces parece más un mediador entre el concesionario que quiere cobrar más y un pasajero que pide consideración por su apremiante economía. El Estado debería asumir que es suya la facultad de decidir, regular, normar y vigilar el cumplimiento de la norma. Sí, el Estado, en su acepción más amplia, que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se organiza en niveles de gobierno y que está legitimado por los procesos político-democráticos, es la entidad responsable.
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Sabemos; sin embargo, que las rutas, las unidades que circulan, los choferes que prestan el servicio y demás «detalles» no son decididos por el Estado. Este va más bien a la zaga, autorizando a posteriori, avalando a toro pasado y dando el visto bueno a cosas que ya vienen ocurriendo de facto. Por ejemplo, en episodios anteriores, los concesionarios se han atrevido a cobrar más de la tarifa autorizada y luego la autoridad solo ha oficializado el aumento. Igualmente, hay unidades que comienzan a circular en rutas que ellos deciden y luego solo se les avala o autoriza.
Así ha ocurrido históricamente. Y hemos sabido que ello ocurre por los favores políticos que intercambian los concesionarios con partidos y candidatos. En tiempo de campaña son sus unidades las que “apoyan” en mítines y diversos eventos llevando a la gente. Son los camiones los que portan la propaganda política por todas las calles. Incluso los apoyos económicos por parte de los concesionarios han sido acreditados en diversas campañas. Todo ello lo hacen sabiendo que, llegado el momento, la autoridad dará el visto bueno a un aumento de la tarifa.
Ahora, la pregunta es si el problema es solo subir uno, dos o tres pesos la tarifa. ¿Será que solo es cuestión de decir, “ándale, pues, que sea un peso y listo, no hay problema”? No, el problema es mucho más complejo. Es un problema de bajo qué reglas se juega, quién las pone y quién supervisa el cumplimiento. El problema es que hay una total ausencia de política pública de movilidad con horizonte de futuro. No hemos conocido un plan maestro que nos detalle de dónde venimos, qué condición actual guardamos y cuál es el rumbo en materia de transporte público. Porque no podemos decir que eso pueda ser reemplazado por un compromiso de “mejorar el servicio” por parte de los concesionarios.
“El servicio” debe ser replanteado como un concepto claro, que capture las necesidades de movilidad de la población, que identifique las dinámicas, que adecúe la infraestructura urbana, que priorice, que clasifique, que tecnifique y que articule todo de manera sostenible. Luego de ello, tendría que decidirse quién puede prestar un servicio con esas características y darle la concesión por un tiempo limitado, sujeto a una evaluación estricta para saber si se le renueva o no. Y eso incluye aspectos técnicos, económicos y sociales.
En pocas palabras, el problema no es la tarifa, nunca lo ha sido. Lo sustancial es, como siempre, las personas, sus necesidades y derechos. Por ello tienen que ser decisiones de Estado las que estén detrás del transporte público. Los concesionarios no plantean el tema en términos de interés público, sino que lo hacen desde su interés privado. A quien le encargamos que se ocupe de lo público es, precisamente, al Estado.
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