En menos de dos semanas se han repetido en municipios distintos del sur del Estado de México episodios en los que presuntos integrantes de la delincuencia organizada caen en manos de gente que se presume harta de extorsiones y abusos. El caso más dramático fue en Texcaltitlán, pero otro más se presentó en Ocuilan solo unos días después. En ambos casos, los presuntos delincuentes fueron confrontados y, en el primero de ellos, abatidos un número considerable. En el caso de Ocuilan incluso les prendieron fuego.
Los episodios no deben pasarse por alto porque son una llamada de alerta. La autoridad no puede ser omisa o dejar pasar las señales por una importante razón: nos colocan en la antesala del surgimiento de grupos de autodefensa. El antecedente obligado para entender este proceso es lo ocurrido hace exactamente una década en la zona de tierra caliente en Michoacán.
En febrero de 2013, en algunos municipios del estado vecino de Michoacán se presentaron episodios en los que grupos de personas de municipios de la Tierra Caliente se organizaron, armaron y enfrentaron a los miembros del grupo criminal auto-denominado Los Caballeros Templarios. Este grupo fue, en su momento, una escisión de otra agrupación criminal llamada La Familia Michoacana, misma que perdió influencia en aquella zona y se replegó hacia el Estado de México y Guerrero, principalmente.
En cuestión de meses, este fenómeno se replicó en numerosos municipios de Michoacán. Para enero del siguiente año (2014) ya era un fenómeno ampliamente extendido en aquella entidad y eran miles las personas involucradas. Fue necesario que el gobierno federal atendiera el caso nombrando a un comisionado especial (Alfredo Castillo, un exprocurador del Estado de México) con la intención de re encauzar a los grupos de autodefensa al orden institucional.
La historia de aquel intento está llena de claroscuros. Hubo movimientos no muy claros para entregar armas a algunos y detener a otros. Se ha documentado que en varios casos los grupos de autodefensas se convirtieron en nuevos grupos criminales y desplazaron al antiguo cártel dominante. Se trató, en suma, de una re-composición de las fuerzas con poder de fuego en aquella entidad. Los Caballeros Templarios fueron extintos, pero surgieron nuevos grupos, distintas células delictivas y la violencia en aquella entidad no ha cesado.
Con este antecedente histórico, no pueden ignorarse las señales que ya referimos. Debe tomarse en cuenta que el gobierno estatal está ahora en manos distintas a las que lo ostentaron durante décadas. Un relevo político de este tipo es una ocasión propicia para que los cacicazgos regionales re-configuren sus zonas de influencia.
Para nadie es un secreto que desde hace muchos años distintos líderes de grupos armados se han enseñoreado en amplias regiones. Controlan gran parte de las actividades lícitas e ilícitas. Ejercen, con lujo de fuerza, un poder que les ha vuelto auténticos brokers que autorizan (o no) cualquier cosa, desde el precio de la tortilla hasta el tráfico de drogas, pasando por el transporte, los espectáculos, las ferias, etc. Poseen auténticas estructuras paralelas a los gobiernos municipal y estatal. Operan en abierta complicidad con diversas corporaciones policiacas locales, la policía estatal e incluso con la indiferencia del ejército y la guardia nacional.
No obstante ello, habrá siempre quienes se sientan con derecho a disputar esos liderazgos. Otros civiles que, quizá en algún momento, formaron parte de alguno de los grupos armados o de alguna corporación y que bien pueden aprovechar el descontento de la población para armar grupos de contención o choque que hagan frente a quienes cobran piso, secuestran, roban o trafican.
Este es el problema real: que no solo se trate de genuinas expresiones de hartazgo y movilización social espontánea para exigir su derecho a la seguridad, sino que se incube en ello la creación de grupos armados que hagan frente a quienes dominan ahora aquella región y se presente una escalada de violencia como la que ocurrió en Michoacán con las autodefensas hace diez años.
El entrante gobierno estatal debe operar de manera muy eficiente para que ello no ocurra. Por eso es que los episodios ya referidos deben ser tomados como señales de alerta. Es ineludible el problema de los grupos civiles armados en todo el Estado de México. En las distintas regiones hay presencia de cárteles como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y los Caballeros Templarios. Están activos y en proceso de expansión a distintos niveles y en regiones particulares para cada uno. Ello convierte al territorio mexiquense en zona de disputa y puede ocurrir que se busque rehacer las relaciones políticas y de complicidad que les sostienen y para ello echan mano de la población civil.
Hasta donde se ha podido saber ahora, los episodios referidos al inicio no son producto de una organización deliberada de grupos de autodefensa. Sin embargo, ello no descarta que puedan ser tomados como ejemplo y, a partir de él, ahora sí se organicen grupos de autodefensa más estructurados, que recurran a quien les pueda proporcionar recursos y armas para hacer frente a quienes los han sometido por años a todo tipo de abusos. Pero aquellos que les financien y les armen, muy probablemente se erijan con el paso del tiempo en nuevos liderazgos que controlen las zonas. Es ese el franco riesgo que encierran estos episodios. Hay que insistir: el novel gobierno estatal debe ser muy inteligente para hacer frente a la situación. Hacen falta voluntad política, valor, inteligencia y honestidad para deshacer las relaciones de complicidad y evitar la violencia innecesaria y el derramamiento de sangre.
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