La iniciativa para que la población LGBTTTIQ+ sea reconocida expresamente dentro de la política de desarrollo social del Estado de México avanzó este lunes en el Congreso local, durante la reunión de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y Para la Defensa de Derechos de la Población LGBTTIQ+.
La propuesta fue presentada por le diputade de Morena, Luisa Esmeralda “Meme” Navarro Hernández y contempla modificaciones a los artículos 3 y 12 de la legislación estatal en materia de desarrollo social.
El primer cambio busca incorporar una definición de las poblaciones LGBTTTIQNB+, mientras que el segundo plantea incluirlas entre los sectores que requieren atención especial al momento de elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas sociales del Gobierno estatal y de los municipios.
Aunque la reforma no crea por sí misma un programa social ni establece la entrega automática de apoyos económicos, sí abriría la puerta para que las necesidades de esta población sean tomadas en cuenta en políticas relacionadas con salud, educación, vivienda, seguridad social, inclusión económica y acceso a servicios. La intención es que esa consideración no dependa únicamente de las decisiones de cada administración, sino que quede asentada en la ley.
Durante la reunión, Navarro Hernández explicó que uno de los objetivos es dar permanencia a las acciones dirigidas a la población de la diversidad sexual y evitar que se limiten a programas temporales; como una referencia, mencionó experiencias aplicadas en entidades como Michoacán, Morelos, Hidalgo y Ciudad de México, donde se han desarrollado políticas de inclusión, apoyos y proyectos de desarrollo económico.
La diputada Zaira Cedillo Silva señaló que en el Estado de México viven alrededor de 490 mil personas de la diversidad sexual y de género, de acuerdo con datos retomados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, aunque durante la discusión reconoció que la cifra real podría ser mayor; también sostuvo que las condiciones de desigualdad pueden convertirse en obstáculos para acceder a servicios de salud, educación, vivienda o seguridad social.
Cedillo advirtió que el reconocimiento legal tendría que acompañarse posteriormente de reglas de operación adecuadas, personal capacitado y mecanismos que permitan conocer si las políticas realmente están llegando a quienes las necesitan, pues incorporar a este sector en la legislación no eliminaría por sí solo las barreras que enfrenta.
Representantes de Morena y del PT manifestaron respaldo a la propuesta durante la discusión. La iniciativa todavía deberá continuar su proceso legislativo antes de llegar, en su caso, a la discusión y votación del Pleno del Congreso mexiquense.
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