La presencia de la Alianza/Agrupación de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas (ACME) en Cuautitlán Izcalli y el Estado de México trasciende los pasajes y bases: bloqueos de casetas, caravanas, extorsión y disputas la han colocado en la mira de autoridades.
ACME encontró padrinos, como Axel García Aguilera y la empresa Izgasa, cuyo legado sigue marcando el transporte público y la disputa por el control.
ACME, poder callejero con padrinos del transporte en Izcalli
En el Edomex, donde el transporte público también es un mapa del poder, ACME se ha consolidado como un actor con capacidad de presión en casetas, avenidas y explanadas. Se presenta como una red de apoyo para comerciantes y transportistas; su narrativa es de “protección” contra la extorsión. Pero su despliegue —bloqueos coordinados, plantones prolongados, vocerías disciplinadas— la ha colocado en el radar político y de seguridad.
Origen, estructura y narrativa pública
ACME echó raíces en Cuautitlán Izcalli y expandió coordinaciones municipales en el norte del Valle de México. En sus canales promueve afiliación, servicios de grúas y pipas, y una app propia (“ACME Lealtad”), además de llamados a la “unidad” gremial.
También se han interesado en labores benéficas, como donaciones a escuelas y apoyo a niños con transporte público. Empresas como Transportes DIAZ y la Ruta 98 en Chalco se han afiliado a esta organización; además, es responsable de la ruta 60 de Naucalpan.
El entramado combina una presidencia visible —hoy con Karen Rosas— y el liderazgo histórico de Jafet Sainz, quien se proyectó como rostro de “autodefensas del transporte” tras sobrevivir a un atentado en 2023.
Aunque en los últimos años se ha destacado por realizar bloqueos, denunciando robos, secuestros y homicidios hacia los transportistas.
La organización exhibe una musculatura operativa probada: cierres de casetas en México–Querétaro y México–Pachuca, caravanas y cascadas de comunicados. Su justificación recurrente: exigir seguridad y denunciar extorsiones contra afiliados.
El entorno de poder: Axel García e Izgasa
Para entender el presente de ACME hay que mirar a sus padrinos históricos del transporte en Izcalli. Axel García Aguilera es un referente: exalcalde de Cuautitlán Izcalli (1988–1990), notario público en el municipio y, según crónicas hemerográficas, exsubprocurador de Justicia en tiempos de Arturo Montiel.
Después de concluir su cargo como presidente municipal, surge Izgasa a mediados de 1991, con la cual logra controlar el transporte público en Cuautitlán Izcalli. Así mismo, participa en otras empresas integradas a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (Triple A), donde funge como líder moral.
Su empresa Izgasa es una de las matrices del transporte local; desde hace años aparece en disputas de derroteros, con episodios de violencia documentados. La figura de Axel García ha tenido un impacto visible en el Edomex. Desde 2015, su nombre ha estado ligado a bloqueos utilizados como herramienta de presión para imponer sus decisiones.
Ese año, transportistas de Izgasa y Triple A cerraron la vialidad José López Portillo, para evitar que las autoridades le retiraran un predio a Axel García. Argumentaron que lo había adquirido legalmente, aunque el gobierno estatal sostenía que en realidad se trataba de una invasión a los límites de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.
A ese pasado se suma la vigencia de Izgasa en el presente: choques con transportistas, denuncias vecinales y cierres de vialidades se han repetido en el municipio. La arqueología hemerográfica muestra un patrón: capacidad de movilización, presencia de grupos de choque y negociaciones políticas que terminan “despresurizando” los conflictos sin cerrarlos.
En 2019, durante el segundo aniversario de ACME, Axel García acompañó a Jafet Sainz, coordinador general de la organización. Destacó su liderazgo al frente de una de las agrupaciones más relevantes integradas a la Triple A.
Los nexos en disputa: operadores, bloqueos y violencia
El ecosistema ACME–Izgasa se ha visto apuntalado por operadores territoriales. En marzo de 2025 fue detenido en Cuautitlán Izcalli Ricardo “N”, alias “El Tapa”, identificado por distintas coberturas como operador cercano a Axel García y Jafet Sainz. Su captura mostró que las redes del transporte son —además de económicas— políticas y de seguridad.
Meses después, el secuestro de Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, activó bloqueos simultáneos y un operativo estatal y federal que terminó con su rescate en Soyaniquilpan y seis detenidos.
ACME enmarcó el episodio en su narrativa anti‑extorsión. Los hechos confirmaron dos cosas: el poder de convocatoria de la organización y la gravedad de la violencia que acecha al gremio.
Desde 2022 existe una disputa entre ACME y el Movimiento Antorchista Nacional, quien denuncia que Axel García y sus afiliados son responsables de ataques contra sus operadores y los transportistas de la empresa 6 de Junio, por el control de las bases.
Cómo funciona en la calle (y en la política)
• Afiliación y mandos. ACME opera por coordinaciones municipales; su “presidencia” centraliza la comunicación y decide cuándo escalar o desactivar protestas. En redes, su branding combina identidad gremial y trabajo comunitario (brigadas, donativos, “labor social”).
• Mecanismos de presión. Bloqueos de casetas, cierre de avenidas, plantones pagados y “clausuras simbólicas” de edificios públicos, que buscan obligar a una mesa de negociación con autoridades.
• Relación con el poder. En Izcalli y municipios vecinos, la agenda del transporte se cruza con alcaldías y corporaciones de tránsito; no son raras las medidas excepcionales para contener corrupción y extorsiones en la zona.
¿Crimen organizado o “autodefensa” gremial?
En el expediente público conviven dos relatos. El de ACME, que se proclama víctima de extorsiones, reivindica la autodefensa y denuncia que terceros cometen delitos “en su nombre”. Y el de las pesquisas y coberturas, que ubican a operadores de su órbita en hechos delictivos —como “El Tapa”— y conectan su modo de operar con otros sindicatos de choque. No hay sentencias firmes que prueben vínculos orgánicos entre la estructura central de ACME y una organización criminal; sí hay indagatorias y detenciones que rozan sus bordes.
En 2024, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) afirmó que ACME pertenecía a las 25 agrupaciones criminales dedicadas a la extorsión que investigan.
Su presencia se extiende desde Cuautitlán Izcalli hasta Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Tultepec, Coacalco, Tecámac, Nextlalpan, Jaltenco y Naucalpan.
Además, el presidente municipal actual de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, expresó que no cedería ante presiones del grupo ACME. Esto luego de que ciudadanos denunciaron que los transportistas de las grúas de esta organización intentan extorsionar a los conductores involucrados en choques.
Entre el discurso de autodefensa y los señalamientos por extorsión, la fuerza de ACME radica en la capacidad de movilizar operadores, cerrar vialidades y obligar a las autoridades a dialogar. Refleja un sistema que tolera, negocia y normaliza las presiones de organizaciones con roces criminales.
Síguenos